De urnas y armas
Juan José Téllez Rubio escribe:
De urnas y armas
Rafael Escuredo nombra a su primer gobierno y Felipe González, con diez millones de votos, llega a la Moncloa; abre la verja de Gibraltar y resuena el estribillo de Nocturno de Rafael Alberti "Balas, balas, balas". Trebujena tiene nombre de sangre.
En el año de la visita del Papa Juan Pablo II a España, a Clemente el del Palmar de Troya y a ocho de sus obispos les apalearon en Alba de Tormes y su coche en llamas fue a parar al río de Santa Teresa. En marzo y en Almuñécar, en la Cueva de Siete Palacios, se descubren los restos de Sexi, una ciudad fenicio-púnica de nombre sensual, y un buque oceanográfico ruso avizora una nueva pista del continente perdido de La Atlántida, unas extrañas construcciones escalonadas bajo los mares del Estrecho. Concluye el proceso de beatificación de monseñor José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, y las mejillas de la Virgen de las Lágrimas, en Granada, aparecen teñidas del color de la sangre. El Cádiz C.F. fichaba a Mágico González y el Naranjito era la mascota de los primeros Mundiales de Fútbol, celebrados en España, varios de cuyos partidos se disputaron en Andalucía.
Votar en andaluz. Gritaron a las urnas y él encendió las armas, rezaba un añejo poema de Ángel González, que le cuadra al dedillo a la historia andaluza de 1982, cuando ardía la paciencia campesina y no se había acallado, todavía, el ruido de sables, a pique de las primeras elecciones autonómicas en Andalucía y de la mayoría absoluta que santificó al PSOE en las generales del 28 de octubre. Los primeros comicios autonómicos resultaron movidos. Tras publicarse el Estatuto de Autonomía en enero, los socialistas de Rafael Escuredo partían como caballos ganadores de la batalla electoral. Que viene el lobo, era la consigna favorita de lasa trincheras y del centrismo. "Detrás de la rosa, está el puño", asustaba Leopoldo Calvo-Sotelo. El 13 e mayo, la Junta Electoral Provincial de Sevilla prohibió a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), cualquier tipo de publicidad de cara a este pulso político. la Audiencia revocaría, luego dicha orden, pero tal exigencia no parecía baladí en un creciente clima de crispación política.
La cosa estaba que echaba chispas. Así, la organización empresarial, que presidía Manuel Martín Almendro, llevó a cabo una agresiva campaña contra la izquierda. En uno de sus anuncios, como un monstruo bifronte, se veían las siluetas de Felipe González y de Alfonso Guerra sobre la pregunta '¿A quién hay que creer? ' Y respondía "Hay un PSOE aparentemente moderado, y otro feroz y desafiante, Uno de guante blanco y otro de grito y alboroto (...) ¿A qué socialismo vota el que vota socialista: al de don Felipe González o al del señor Guerra? En el fondo da igual, Porque cualquier socialismo que se vote, se está eligiendo un modelo de sociedad que los propios socialistas no pueden contar en público porque perderían las elecciones". En otro, una manzana sostenida por el puño del PSOE era devorada por un gusano sobre el qeu podía verse la hoz y el martillo: " Se fingen moderados", alertaba al viejo estilo de los carteles de la última guerra civil. Desleal, eso pensaba el escritor malagueño José García Pérez, un diputado que había amanecido en el PSA desde las filas de UCD: "Resulta extraño toda esta campaña, cuando ellos decían que sólo iban a llevar a cabo una campaña institucional, como empresas. La CEA fue quien propuso que las elecciones se celebraran en domingo, porque de celebrare en un día laboral iba a suponerle unas pérdidas de dos mil millones de pesetas. Ahora, la CEA emplea los dos mil millones contra los partidos que se dicen de izquierdas".
Mas moderada que los empresarios, la UCD del malagueño Luis Merino animaba: "Anda, Andalucía. Anda sin aventuras (...) Venga del PSOE o del PSA rechazamos la aventura socialista". Ese era uno de los lemas de la campaña centrista, especialmente interesada en avisar que no gobernarían en coalición con los socialistas. "El 28 de febrero no pudieron vencernos. Ahora vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para repetir el triunfo del pueblo andaluz", proclamaba el PSOE, en alusión directa al referéndum autonómico de 1980.
Los socialistas fletaron una caravana de artistas que conmemoraba el cincuentenario de La Barraca y en cuya trupe se enrolaban Alameda, Cantores de Híspalis, Lebrijano, Paco Ibáñez, Josele y Paco Gandía. Y el Partido Comunista de Andalucía hacía otro tanto con los chilenos Inti Ilimani, Gente del Pueblo, José de la Tomasa y Joselero. Incluso patentaron sus propias sevillanas, cuyo estribillo repetía su lema electoral: "Ahora la Reforma Agraria / y toa la izquierda unía / y una Autonomía plena / pa cambiá Andalucía. / Que juntos podemos / cambiar Andalucía / que juntos podemos / conseguir las cosas / que tantos queremos".
Aquellas fueron, en efecto, las primeras elecciones dominicales y, a pesar de ello, la participación alcanzó a un 66% del electorado, toda una victoria frente al abstencionismo, según los analistas de la época. Y otras nos de color vendrían a sumarse a la agitada campaña. La del padre Martín Fuentes, verbi gratia, quién recorrió Andalucía augurando que, de resultar ganador, el PSOE iba a cerrar los colegios privados: "El Estatuto andaluz no tiene competencias para cerrar colegios, porque no puede contra una Ley Orgánica como es el Estatuto de Centros y Martín Fuentes lo sabe. Que no mienta, porque es sacerdote y puede ir al infierno", replicaba Rafael Escuredo, el gran protagonista de aquel proceso. El abogado sevillano había recogido el testigo de Plácido Fernández-Viagas, aquel magistrado del Tribunal Constitucional que fue el primer presidente de la Junta preautonómica y que fallecería en Sevilla el 8 de diciembre del 82, cuando contaba con 58 años de edad. Al menos, pudo vivir las dos victorias consecutivas que al historia deparó ese año a sus compañeros de siglas.
El PSOE de Escuredo obtendrá mayoría absoluta en los colegios electorales del 23 de mayo y, por causa de la política general en materia de autonomía, terminará el año enfrentándose al primer Gobierno estatal de su propio partido, que habrá de repetir triunfo en las generales del 28 de octubre. Antes, habrá definido sus puntos de atención primordiales: la lucha contra el paro, el crecimiento del Producto Interior Bruto, infraestructura viaria y de servicios, comarcalización, lucha contra la depresión económica en numerosas zonas de la región. En su discurso de investidura, el 14 de julio, Rafael Escuredo apostará por el desarrollo institucional del Estatuto de Autonomía, el despegue económico frente al subdesarrollo, la potenciación de la cultura propia y una política de bienestar social: "Sin una política de pacto social y económico será imposible el progreso de Andalucía", alerta al tiempo que lanza una bofetada sin mano contra el rostro de la CEA al asegurar que "el enemigo de los empresarios no es Gobierno socialista".
Los socialistas arrasan. En Adnalucía, el 23-M, el PSOE se convierte en la fuerza más votada con un 52,21% de los votos. Pero la gran sorpresa de la jornada será el alza de Alianza Popular, que ni siquiera, pro improbable, ser había molestado en decidir su candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico. En sus filas, sin embargo, ya militaban Gabino Puche, Antonio Hernández Mancha y Miguel Arias Cañete, que perfilarían buena parte del sanedrin de la derecha andaluza, desde entonces.
Respecto a los resultados andaluces en las generales del 79. el PSOE gana medio millón de sufragios, AP 300.000 y UCD pierde otros 500.000. El PCA de Felipe Alcaraz baja un 4,83%, situándose en un 8,47% y el PSA de Luis Uruñuela también desciende en un 5,75%, arrancando al confianza de un 5,35% de electores. AP y UCD intercambian sus puestos respectivos en el habitual mapa electoral de Andalucía: el segundo y el quinto lugar. Un portavoz centrista llega a achacar el éxito aliancista a un grupo "de carácter no político", en velada alusión a los empresarios, aunque Carlos Rosado, que era el secretario general de UCD de Andalucía, se apresuró a poner su cargo a disposición de los órganos superiores de su partido, nada más conocerse el fiasco electoral. Pero el inmovilismo tocó de muerte a la Unión de Centro. Tiempo más tarde, el ex ministro Agustín Rodríguez Sahagún, que acompañó a Adolfo Suárez en la aventura del Centro Democrático y Social sería más autocrítico: "UCD no sólo no supo diferenciarse por igual del PSOE y de la derecha que representaba Alianza Popular -condición que algunos habíamos puesto para participar en la campaña-, sino que presentó una posición de derechización y de radicalización que desnaturalizaba la imagen del proyecto centrista y, al abandonar al bandera del cambio y la moderación, sirvió en bandeja al PSOE el ocupar una amplia franja del espacio de centro, que era la oportunidad que desde hacía tiempo venían aguardando los dirigentes socialistas".
Manuel Fraga estuvo en Sevilla para acompañar a los de AP en la noche electoral: "Los resultados significan la derrota definitiva de los nacionalismos", fue su chusca profecía que desmentiría el futuro pero que se relacionaba, sin duda, con el varapalo sufrido por el PSA en las urnas verdiblancas. Como consecuencia de ello, Alejandro Rojas Marcos -que ni siquiera llegó al primer Parlamento de Andalucía al figurar como segundo candidato en la candidatura de Sevilla- dimite y su responsabilidad al frente del Partido Socialista de Andalucía pasa a manos de Luis Uruñuela, a la sazón alcalde de la capital hispalense.
En las sedes del PCA, se disparan los focos críticos y se suceden las retiradas. entre los primero carnets que se dan de baja, figura el de Alonso Balosa, que había sido candidato comunista al Ayuntamiento de Sevilla y que, una década después. sería Comisionado contra la Droga de la Junta de Andalucía. Santiago Carrillo dimite en julio como secretario general del Partido Comunista de España, siendo sustituido en noviembre por Gerardo Iglesias.
Escuredo presidente. El 15 de julio , Rafael Escuredo es elegido presidente del primer Gobierno autonómico de Andalucía. En su primer gobierno, incluye tres independientes: Juan Manuel Castillo, en la Consejería de Turismo, Javier del Río, en la de Hacienda; y Miguel Manaute, en Agricultura, Ganadería y Pesca. Éste último despertó cierta controversia dentro de las filas socialistas desde que en 1980 ocupara la Presidencia de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UAGA) y faltaba poco para que su proyecto de Reforma Agraria se convirtiera en piedra de polémica, al año siguiente. Las restantes consejerías fueron ocupadas por José Rodríguez de la Borbolla (Gobernación), Amparo Rubiales Torrejón (Presidencia), Pablo Recio (Sanidad y consumo), Rafael Román (Cultura), Manuel García Navarro (Educación) y Joaquín Galán Pérez (Trabajo y Seguridad Social).
Entre la primavera y el verano, UCD se desmoronaba: en tanto que sus diputados se pasaban con armas al PSOE o a la Coalición Democrática de Fraga, Landelino Lavilla asumía la presidencia e intentaba inútilmente evitar la convocatoria anticipada de las elecciones generales. El 27 de agosto, Leopoldo Calvo-Sotelo disuelve las Cortes y la fanfarria electoral de las generales volverá a oírse inmediatamente después del verano, durante el mes de octubre.
Para el profesor Diego Caro Cancela, autor de Las primeras elecciones autonómicas de Andalucía (1982), aquellos comicios hicieron que Andalucía volviera "a cambiar el curso de la historia contemporánea de España". Por primera vez en la Transición democrática -ese es su análisis-, un parido, en este caso el socialista, ganaba una consulta electoral por mayoría absoluta, anunciado el gran vuelco del mapa político español, que se consumará meses después en el conjunto del país, un 28 de octubre de 1982. Ese día, diez millones de votos consagrarán la victoria del PSOE en las elecciones generales: 202 escaños, que suponen mayoría absoluta, frente a los 107 de Alianza Popular-PDP, que tan sólo habían alcanzado 9 en las elecciones de 1979. Los términos vuelven a invertirse, ya que la Unión de Centro Democrático tan sólo alcanza 11 actas, cuando dispuso fe 168. Un andaluz llamado Felipe González ocupara la Presidencia del Gobierno, responsabilidad que promete ante el Rey, un 3 de diciembre. Su paisano, Alfonso Guerra, que ocupa la Vicepresidencia ya había declara ante una emisora de radiodifusión belga: "Si en tres años no somos miembros del Mercado Común, entonces esta posibilidad no existirá, porque ya no será interesante ni para España ni para la CEE". El plazo se cumplió a rajatabla.
"Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll / os saludan los aliados de la música", clama Miguel Ríos, ese verano, por los ruedos y estadios españoles. El mismo año que el 'Cornide de Saavedra' realiza estudios geológicos del fondo marino del Estrecho, para un futuro enlace fijo entre sus dos orillas, en Tarifa se inaugurará la torre de la central eólica. Los 86 años de Gerald Brenan, vecino de Alhaurín el Grande, reciben la Orden del Imperio Británico. Y mientras Paco de Lucía se dispone a grabar con Chick Corea y Camarón de la Isla no tiene empacho en deunciar: "Las casas de discos y la política están podridas". A José Antonio Garmendía, al UCD le cesa como director de la revista Cortijo del Cuarto y Julio Anguita, alcalde de Córdoba, está dispuesto a denunciar a un guardia civil cuando la grúa le retiraba un vehículo de su propiedad.
Pero, en 1982 volvían a oírse tiros, como el eco de los del año anterior, de aquel 23 de febrero en el Congreso de los Diputados y del llamado Caso Almería. El mismo día de su aniversario, mientras los golpistas del 23-F se veían acusados de rebelión miliar, Darío Fernández, abogado de la acusación particular del Caso Almería, sentaba a la Guardia Civil en el banquillo. En un juzgado almeriense solicitaba penas de 90 años de prisión para cada uno de los tres guardias civiles -el teniente coronel Carlos Castillo Quero, el teniente Manuel Gómez Torres y el número Manuel Fernández Lunas-, procesados tras la muerte violenta de los jóvenes santanderinos Juan Mañas, Luis Cobos y Luis Montero. Les dieron matarile, por su cuenta y riesgo, tras confundirles con activistas de ETA. Hasta sus defensores terminaron aceptando la hipótesis de homicidio. La vista concluirá el 30 de julio, con esa última calificación, siendo condenado a 24 años de prisión el teniente coronel, al teniente le caerán 15, y al guardia, 4.
El fallo del 23-F fue anterior. El 3 de junio, tras el controvertido juicio del acuartelamiento de Campamento en Madrid, el Consejo Superior de Justicia Militar condenaría a 30 años de cárcel al malagueño Antonio Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil; y al general Jaime Milans del Bosh. Al resto -30 militares y el civil Juan García Carrés- se le endilgaron penas menores y nunca superiores a 11 años. Tras el recurso, la sentencia sería corregida al alza y alcanzaría también la pena de 30 años para el general Armada. Desde la trena, Tejero anunciaba en septiembre su candidatura al Congreso de los Diputados como presidente de un supuesto partido llamado Solidaridad Española, a pesar de no mostrarse en absoluto arrepentido por su intentona antidemocrática: "La única alternativa contra los socialistas sería la fuerza suficiente para echarlos de España", declaraba en vísperas de las elecciones del 28 de octubre. Sus palabras se hacían oír aún, pocas horas antes de que se detuviera a los coroneles Luis Muñoz Gutiérrez y Jesús Crespo Cuspinera, así como al teniente coronel José Crespo Cuspinera, por un delito de conspiración para la rebelión militar. El CSID sospechaba de la implicación de dos banqueros en esta nueva trama golpista que estaba prevista para el día de reflexión de las elecciones generales, el 27 de octubre.
Así las cosas, las autoridades decidieron confirmar a Jaime Milans del del Bosch en una antigua residencia de los gobernadores militares del Campo de Gibraltar, en una casa de campo situada en la llamada Huerta del General, en los montes de Pelayo, próximos al Algeciras. Allí entre comidas a la carta de un restaurante próximo y trotes matutinos de footing, el general permaneció desde el 4 de octubre hasta finales de año, apenas 40 kilómetros de Sotogrande, la exclusiva urbanización sanroqueña donde su familia poseía una costosa pero recoleta residencia. "Con la presencia de Milans del Bosch y de uno de los inculpados del Caso Almería en la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, esto puede ser declarado zona de interés 'golpista', vaticinaba Francisco Esteban, alcalde comunista de esa última ciudad.
Balas, balas, balas. El estribillo del Nocturno de Rafael Alberti amartillaba nuevamente su cargador en la localidad gaditana de Trebujena. A dos pasos de Lebrija, en Sevilla, donde el día 2 de marzo, el jornalero Ignacio Montoya Alonso,-de 22 años-, montó en su motocicleta a su primo Antonio López. Que había ladrones en un cortijo, que eran dos, que alerta, dicen que el dijeron al guardia civil Juan Macísa Morente, en servicio de puertas en el cuartelillo de Trebujena. Así que cuando a las tres de la tarde vio pasa a los dos de la moto, les dio el alto y disparó contra ellos. Al día siguiente cerca de 10.000 personas asistieron al entierro del joven muerto, mientras que su primo seguía malherido.
El suceso desató una crisis política y social,a ala que al prensa bautizó con el sambenito periodístico de Caso Trebujena. De entrada, el Ayuntamiento de dicha localidad (8 concejales del Partido Comunista y uno del PSOE) y el de Lebrija (presidido por Antonio Torres, del antiguo Partido del Trabajo) convocaron una huelga general en sus municipios e inundaron de telegramas los despachos de La Zarzuela y La Moncloa, el Ministerio del Interior, el Congreso de los Diputados, y la Dirección General de la Guardia Civil. El 3 de marzo de 1982, Trebujena y Lebrija fueron una tumba. tras la huelga y el entierro, socialistas, comunistas y andalucistas se mostraron decididos a pedir el cese inmediato del gobernador civil, José María Sanz-Pastor, por el despliegue de la fuerza pública. Pero el poncio sevillano contraatacó, imponiendo una una multa de medio millón de pesetas al alcalde lebrijano por colocar crespones negros en las banderas de España, Andalucía y de dicha localidad, que ondeaban a media asta en los mástiles del Ayuntamiento. Antonio Torres acusó, a su vez, al gobernador civil pro amenazar a los comerciante: había anunciado, según su denuncia, 250.000 pesetas de multa y un posible expediente para el cierre definitivo de sus establecimiento, a todos aquellos industriales que secundaran el paro.
UCD, ya políticamente contra las cuerdas en Andalucía, consideraba "fuera de tono" y de "absoluta irresponsabilidad política" las acusaciones del alcalde de Lebrija contra las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los centristas no consideraban procedente la paralización de la vida local, con independencia de sumarse diplomáticamente al dolor de los familiares del fallecido. La izquierda exige una comisión de investigación, al tiempo que rechaza "las notas oficiales que sobre el suceso han dado a conocer las autoridades, por carecer de fundamento y contener ofensas hacia los jóvenes y hacia el pueblo trabajador", reza un comunicado suscrito pro PCE, PSOE, PSA, UGT, CC OO y Sindicato Andaluz. el procedimiento judicial abierto a fin de esclarecer los hechos avanzaba a la velocidad de las tortugas. Meses más tarde, no se harían esperar las denuncias de pasividad contra el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, que dilataba sus imputaciones oficiales sobre el suceso.
Era un año de sequía y el campo estaba caliente: 160 poblaciones y 300.000 personas en alerta roja, el 6 de agosto, dos meses y medio antes de que quebrara la presa de Tous, en Valencia, causando 40 muertos. El 29 de julio, volvió la mano negra. Una treintena de poblaciones de Sevilla y Cádiz secundaron una huelga general convocada por Comisiones Obreras (CC OO) y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), en protesta por la falta de fondos para el empleo comunitario. Como si los relojes de la historia hubieran atrasado un siglo, 800 jornaleros marchan hacia Jerez, en señal de protesta. Manuel Guerra, secretario de CC OO del Campo en Sevilla y el cura Diamantino García, presidente del SOC, inician un lunes una huelga de hambre en la Diputación de Sevilla y el jueves eran detenidos por la policía.
Los acontecimientos se suceden. El 9 de agosto, Joaquín Galán, consejero de Trabajo, y Miguel Manaute, de Agricultura, hacen las maletas rumbo a Madrid, donde se entrevistarán con el ministro de Trabajo, Santiago Rodríguez Miranda. Pretendían servid como portavoces de las reivindicaciones jornaleras, Entre ellas, el cumplimiento de los acuerdos Junta-Gobierno sobre los cuatro días a la semana del empleo comunitario y su posible equiparación, desde 1.033 pesetas/día (menos de 2.000 pesetas mensuales en concepto de cartilla agrícola) al salario mínimo interprofesional. Los sindicatos pretenden que el empleo comunitario se eleve a seis días semanales "y que se emplee en algo útil y digno que no haga que el trabajo de estos hombres no sirva para nada". Por aquel entonces, al gobernador civil de Sevilla José María Sanz-Pastor -a quien ser recordaba en Cádiz por la contundente represión de las primeras huelgas de astilleros, pero que hizo un papel digno durante la noche del 23-F, se le solía acusar de controlar políticamente la prestación del empleo comunitario y de desviar fondos hacia los ayuntamientos gobernados por UCD. Así que a nadie le extrañó que dos días más tarde, multara a los sindicalistas Manuel Lara, del SOC, y José Manuel Guerra, de CC OO,: "Lo único que me faltaba es que tuviera que pagar quinientas mil pesetas por el delito de pedir un puesto de trabajo", protestaron ellos. Su crimen había sido encabezar la manifestación que ambos sindicatos convocaron el miércoles 11 de agosto. A las reivindicaciones ya mencionadas, sumaban la de la reforma agraria, que no se sembraran productos como sorgo, girasol o trigo por no absorber mano de obra, que no arrancasen indicriminadamente olivos (200.000 más en dos años en la provincia sevillana) y que "donde trabajan máquinas, también lo hagan los obreros".
En al capital hispalense, durante la marcha, se concentraron jornaleros de unos 60 pueblos, que recorrieron el centro urbano hasta la plaza de Cristo de Burgo, donde Manuel Lara y José Manuel Guerra cargaron las tintas contra los terratenientes y la patronal. Varios partidos de izquierda apoyaban la movilización: PCA, MCA, LCR y PSA. Ese día era el aniversario de la muerte de Blas Infante, una efeméride que Antonio Burgos acaba de novelar en Las cabañuelas de agosto, premio Ateneo de Sevilla en 1982. Así que aquella movilización campesina suponía una reedición del grito de ¡Viva Andalucía libre!'. A ellos no les sorprendía que los partidos políticos como UCE y AP " nos sientan necesidad de recordar a Blas Infante el día en que las fuerzas reaccionarias lo fusilaron".
El 11 de agosto fue una fecha movidita. A las 11 de la mañana, Diego Cañamero, concejal en El Coronil y miembro del secretariado permanente del SOC, fue detenido cuando participaba en una campaña de paralización de maquinaria agrícola. Se trataba de protestar por la negativa de los terratenientes a dar trabajo a los parados en sus cortijos: "en ningún momentos, como dijo al sargento de la Guardia Civil, hemos amenazado con quemar las máquinas, sino que lo único que queremos es trabajo, una cosa de justicia", bramaba Cañamero nada más ser puesto en libertad. Todo ello ocurría en vísperas de que la empresa Pedro Domecq, en jerez, iniciara un expediente de extinción de contratos si el comité no renunciaba a determinadas conquistas de los convenio en los dos año anteriores.
La UGT, tan y mientras, permanecía al margen de esas acciones, en la creencia de que sólo pretendían desestabilizar al primer Gobierno de Escuredo. Las tensiones entre los sindicatos llegaron al punto de que CC OO abandonó la mesa negociadora del convenio del campo por no estar de acuerdo con la exclusión del SOC.
Si Rocío Jurado cantaba Como una ola en los 40 principales de aquel año, el sector pesquero tampoco andaba para marejadillas. De entrada, el convenio con Marruecos seguía en la cuerda floja y las relaciones diplomáticas con Rabat tampoco era de las de tirar cohetes. Las aguas bajan turbias por el Estrecho. Así que a pocos extrañó que comenzaran los apresamientos de pesqueros el 19 de julio. Acusados de faenar en aguas prohibidas, intentos de fuga, evitar el control, falta de licencias para determinar las especies o porcentajes de capturas distintos a los permitidos. Los armadores, en principio, relacionaron dichos apresamientos con un accidente ocurrido en alta mar, cuando un pesquero marroquí abordó a otro español, un pescador resultó muerto y las autoridades españolas detuvieron al piloto de la primera nave. Este mes, se calcula que las multas pagadas en concepto de apresamientos, ascendían a 12 millones de pesetas. Pero, en octubre, las sanciones irían al alza. Hast a tres millones por un barco. Y los apresamientos fueron masivos: 'El Pescadoira', de Algeciras; 'Maruja Soledad', de El Puerto; 'María Aguado', de Almería y 'Unión Elal', de Málaga, a lo que habría que sumarse el naufragio de 'El Cari', cerca de Casablanca. A Miguel Ignacio de Aldasoro, subsecretario de Pesca, los últimos apresamientos le pillaron cuando recogía sus bártulos del Ministerio antes de pasa el testigo a su sucesor socialista: "Suponen un descarado chantaje del Gobierno de Marruecos que quiere presionar al PSOE ante la firma de nuevos acuerdos para sacarle el mayor partido posible".
La flota andaluza demandaba nuevos caladeros. Quizás Guinea. Quizás Mauritania. En Algeciras, peligraban dos mil familias. Y la totalidad de Barbate, sus 25.000 habitantes, que vivían directa o indirectamente de la pesca: "Los apresamientos acabarán con pueblos enteros que viven de la pesca. Sería el fin de Barbate, Ayamonte, Isla Cristina, por ejemplo", aseguraban Agustín Escámez, patrón mayor de Algeciras y, Jesús Bernabé, secretario de Información de Comisiones Obreras del Mar, Y había otras ciudades, como Tarifa, en donde se juntaban la crisis del mar con la del campo: 100 jóvenes en paro se encerraron el 21 de junio, durante 24 horas, en la iglesia de San Mateo, exigiendo un mayor control y al cobertura del fondo para el empleo comunitario. En agosto, Julio Rodríguez, consejero de Economía, Indust ria y Energía, reconocía que la situación económica era "mala", que los problemas eran "abundantes" y que el porcentaje de parados andaluces oscilaba entre un 20 y un 21 por ciento. El 16 de septiembre, en plena campaña de las elecciones generales, el PSOE prometería crear 800.000 puestos de trabajo.
El 6 de septiembre, iban 331 españoles muertos por el síndrome tóxico y una semana después, el día13, un avión DC 10 de la compañía Spantax, un vuelo chárter a Nueva York, se incendia al intentar despegar en el aeropuerto de Málaga: 46 muertos. El aparato inició el despegue, no remontó suficiente altura, derribó el muro de protección de final de la pista, cruzó la carretera de Cádiz-Málaga y tras alcanzar a un camión estacionado, fue a estrellarse a una zona de viveros. de entre sus 380 pasajeros y 13 tripulantes, los de cola pagaron el apto, al queda atrapados entre las llamas y no abrirse las puertas.
En 1982, España entró en la OTAN. El 30 de mayo, le dieron el número 16 en el ranking de países miembros. El día 4,e ra izada la rojigualda en la sede de la Alianza en Bruselas, Joseph Luns, junto al ministro español de Exteriores, el gaditano José Pedro Pérez Llorca y el de Defensa, Alberto Oliart. Y el día 9, Leopoldo Calvo-Sotelo, asistía a la cumbre de Bonn y firmaba su célebre declaración final. Felipe González, frente a todo ello, echaba en cara que España estuviera haciendo un gesto de cesión de soberanía, sin que se incluyera explícitamente a Ceuta y Melilla o la situación de Gibraltar, en el protocolo de adhesión. Sus palabras no podían sonar a hueco, precisamente durante el año de la Guerra de las Malvinas.
A lo largo de ese conflicto, Gibraltar cuya verja fronteriza permanecía clausurada desde que en 1969 así lo decidiera uno de los gobiernos de Franco, sirvió como base logística y de aprovisionamiento de la Royal Navy. En los astilleros gibraltareños, se reconvierte en un buque hospital a un paquebote británico llamado 'Uganda'. En plena campaña electoral andaluza, en un autobús ucedista que recorría el Campo de Gibraltar, a Leopoldo Calvo-Sotelo -entonces presidente del Gobierno Español- se le ocurrió un gracejo parecido a cuando anunció en agosto que no había temor a un nuevo golpe de Estado. Frente al Peñón, sentenció esa vez que los conflictos de Gibraltar de Las Malvinas eran "distintos y distantes". Ni tan distintos ni tan distantes cuando, el 8 de abril, se decidió posponer dos meses las conversaciones hispano-británicas sobre la apertura de la verja. Tras el acuerdo de Lisboa, el 20 de abril de 1980, todo estaba previsto para que en su segundo aniversario y en la localidad portuguesa de Sintra, volvieran a reunirse los ministros Pérez Llorca y Lord Carrington, para decidir, quizá ese mismo día, la apertura del paso fronterizo. No hubo tal: a Carrington lo dimitieron, siendo sustituido por Francis Pym, ex secretario de Defensa. Un serio revés si se tiene en cuenta que los avances sobre la cuestión gibraltareña estuvieron basados en contactos personales mantenidos en cuatro ocasiones por Lor Carrington y Pérez Llorca. Para colmo, el 31 de mayo, cuatro militares argentinos fueron detenidos pro la policía de Cádiz. En su automóvil localizaron cuatro minas de tracción submarina que habían traído de contrabando el agregado naval y el Ejército de la Embajada de Argentina en Madrid. Su objetivo era la fragata británica HMS Ariadne, surta en la base naval de la Roca y hasta la que pretendían llegar buceando desde un bote de goma inflable.
En agosto, Gibraltar y sus alrededores serán escenario de una serie de acciones pacifistas, durante la VII Marcha Internacional de la No-Violencia y la Paz, que reúne a 300 expedicionarios de Alemania, Holanda Inglaterra, Francia, Italia, EE.UU., Austria, Dinamarca, Uruguay y España: "Estamos por la desmilitarización del Campo de Gibraltar. por tanto nos vamos a manifestar contra el Ejército británico y contra el Ejército español porque nosotros no creemos que exista solución militar para nada. Nuestra posición e compleja pero coherente. No nos gusta que España persista en mantener cerrada la frontera con Gibraltar. No nos gusta que Gibraltar sea colonia de nadie y no nos gusta, que en Gibraltar exista una base militar sin tener en cuenta la opinión de sus vecinos". Así hablaba el anfitrión de la Marcha, el pacifista Gonzalo Arias, que lleva diez años de acciones no violentas en todo el territorio español, incluyendo varios saltos a la verja fronteriza. En las octavillas editadas con ese motivo, también se protesta por las bases de Rota y Morón, por las de misiles de Huelva y Sierra Carbonera, por las fábricas de armamentos como la de Bazán, en San Fernando, y la de carros de combate AMX-30, de Sevilla. Se denuncia el avance de las expropiaciones militares y el cementerio atómico de El Cabril, en Córdoba.
Sin embargo, el Gobierno de UCD estaba dispuesto a despedirse con un represivo canto del cisne. De entrada, el sábado 7 de agosto, el subgobernador civil del Campo de Gibraltar, Salvador Camino, ordena de la detención de 63 pacifistas por intentar representar el estallido de la bomba atómica en la Plaza de la Constitución, allí en La Línea: la ciudad en la que el consejero de Economía, Julio Rodríguez, calculaba ya un30% por ciento de paro y en donde el mordisco del narcotráfico iba a matar a mansalva durante aquella década. Los no-violentos querían recordar el aniversario de Hirishima y Nagasaki. Las autoridades alegaban que su detención pretendía que no entorpeciera el trofeo de fútbol que lleva el nombre de la ciudad y así evitar desórdenes públicos. Claro que también se barajaba la especie de que intentaban colocar una pancarta en la comandancia militar linense y a los próceres les molestaba que no hubieran pedido permiso alguno para las manifestaciones y concentraciones pacifistas que iban a llevar a efecto. 23 detenidos, extranjeros todos, fueron llevados a la cárcel de Algeciras, donde permanecieron hasta el martes día 10, cuando la Dirección General de Seguridad decretó su expulsión de España. Ocho de ellos decidieron no acatar la orden, mientras las embajadas de Gran Bretaña y Holanda empezaban a interesarse por la suerte de su compatriotas.
Las fuerzas de seguridad llegaron a incendiar una vagoneta que lo no-violentos habían buscado a fin de parodiar un inacabado tramo ferroviario entre Algeciras y La Línea. 35 activistas del pacifismo es desplazaron a Sevilla, el día 11, para secundar la marcha de los jornaleros. Otros de sus objetivos fueron la Bazán, de San Fernando donde practicaron la resistencia pasiva ante la lluvia de golpes. Otros seis fueron detenidos cuando repartían propaganda antimilitarista a las puertas del estadio linense el día que el Real Madrid y el Atlethic de Bilbao se disputaron el trofeo local, También llegaron a Gibraltar, saltando la verja por vía marítima. A 18 de ellos, les juzgaron por entrada ilegal, mientras un alemán por poco se asfixia al intentar llegar a nado. 25 saltaron la cancela, en sentid inverso y los extranjeros que se compincharon en ese salto recibieron una nueva orden de expulsión de España. Entre ellos, estaba el uruguayo Fernando Bouza, a quien acompañaba su hija: "No sabían si estaba autorizados a deporta a una niña de cinco años", declaró cuando seguía resistiéndose a abandonar el país. Una nueva carga policial contra 140 pacifistas se saldó con numerosos heridos, lo que hizo suspender la marcha hacia la base de Morón.. El balance final, el 20 de agosto, fue de 220 detenidos y 41 deportados: "El argumento no violento del manifestante no es creíble para la Policía española -asumía el italiano Fabio Irongia-. La Policía está desconcertada, no comprende nuestra posición. No está preparada. Prueba de ello ha sido el empleo desproporcionado de máquinas y de hombres contra trescientas personas"
Salta el candado. La apertura de la Verja fue una de las primeras medidas del flamante Gobierno del PSOE en Madrid. El primer Consejo de Ministros tomó la decisión, para ese mismo día Felipe González recibió en La Moncloa a Edward Schultz, secretario de Estado Norteamericano, y horas después de que Mohamed Bucetta, ministro marroquí de Asuntos Exteriores, declarase a El País: "No veo que exista ningún elemento nuevo que permita que se diga que ha cambiado la posición de Marruecos en torno a Ceuta y Melilla". El viejo candado se abrió a las cero horas, después de 13 años de bloqueo y ante unas 500 personas deseosas de pasar. El primero en hacerlo fue el linense Francisco Romo Martín, anticipándose a una expresiva Carmen Worb. Atrás, quedaban años de discursos y planes de desarrollo, frecuentemente frustrados por el fraude y la corrupción. Atrás, un largo tiempo de distancia entre los dos pueblos, cuyos familiares y amigos debían gritarse de un lado a otro de la frontera para comunicarse nuevas y estados de salud. Los gibraltareños venían a ser los últimos presos políticos del franquismo. Pero la apertura tenía restricciones: sólo era peatonal y apenas es permitía un solo tráfico diario. Luego, las normas se aliviaron, mientras Manuel Fraga se oponía a una apertura sin contrapartidas y, al otro lado de la frontera, el sindicalista Joe Bossano, líder del Transport General Workers Union y de Gibraltar Socialist Labour Party, tampoco las tenía todas consigo, porque pretendía que se revisara el estatus gibraltareño frente a la CEE, antes de que se le permita la entrada de Espala en el mayor club europeo: "Creo que antes de que España entre, nosotros debemos rectificar nuestra posición, porque luego ya será tarde. España tendrá derecho entonces a utilizar el veto para frenar nuestras reclamaciones. Estoy convencido de que si no se hace así, tres cuartas partes de la economía de Gibraltar van a perderse".
"Ah, tierra pon tu cuerpo a tierra", escribía José Heredia Maya, quien ese año escribía poemas suburbiales bajo el título de Charol y preparaba la Macama Jonda, un encuentro entre el Sacromonte y el Rif.
El terrorismo seguía mordiendo. el 26 de agosto, al ciudad de Sevilla y San Juan de Aznalfarache despidieron, respectivamente, los restos mortales de Miguel Garrido Moreno y de Vicente Gómez Duarte, muertos al intentar desactivar un artefacto explosivo que había sido colocado en Munguía.
Pero el último mes del 82, también comenzó con balacera. El 5 de diciembre, el máximo dirigente de los GRAPO, el gaditano Juan Martín Luna, caía abatido por los disparos de la policía en Barcelona. SE llega a hablar de una "inaceptable aplicación de la tristemente célebre Ley de Fugas" y de una despedida de lo grande del siniestro policía Manuel Ballesteros. Pero José Barrionuevo, ministro del Interior en ciernes, defendió la actuación policial como "Correcta, ejemplar y meritoria". Lo dijo en el Congreso y recibió, por ello, encendidos aplausos de la oposición de AP.
Otro robo del siglo cerraba el calendario, Un 27 de diciembre le anticiparon la inocentada al Banco de Andalucía en Marbella: 186 cajas de seguridad de su oficina principal habían sido desvalijadas durante las fiesta navideñas. los ladrones, posiblemente cuatro, levantaron un botín que oscilaba entre dos mil y cuatro mil millones de pesetas.
En 1982, la asociación de vecinos 'Al Andalus', de Jerez de la Frontera, reclamó que la elección de la reina de la Fiesta de la Vendimia, se llevara a cabo democráticamente. Un concejal comunista de Barbate de Franco intentó, inútilmente, quitarle el generalísimo apellido de su pueblo natal. cuando moría el almanaque, sonó otro pistoletazo, pero de salida: Sevilla fue propuesta como sede de la Exposición Universal de 1992. Los andaluces no tenían muy claro de qué iba aquel evento, cuya inversión se estimaba en 53.000 millones de pesetas. Pero esa es otra historia.
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