Del golpe al estatuto
Rafael Rodríguez escribe:
Del golpe al estatuto
Peligró la democracia. Andalucía sufrió de forma intensa las horas más dramáticas de la transición. De nuevo, los cuervos negros de la dictadura volaron sobre España queriendo terminar con la libertad. No lo consiguieron. El pueblo andaluz aprobó el estatuto de autonomía. Andalucía, vivió un clima de tensión, con huelgas, encierros y el campo en lucha.
"Jaime, estas cosas se avisan con tiempo". La frase es de Pedro Merry Gordon, capitán general de la II Región Militar, con sede en Sevilla. Según él mismo contó meses más tarde a algunos de sus más directos colaboradores, fue lo que le dijo a su amigo y compañero de carrera Jaime Miláns del Bosch, capitán general de la III Región Militar, con sede en Valencia, cuando éste, a las seis y media de la tarde del 23 de febrero de 1981, le llama por teléfono y le informa que, hace unos minutos, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero (nacido en Málaga), al frente de unos doscientos guardias civiles, ha ocupado el Congreso de los Diputados y que está en marcha un golpe de Estado con el que "poner orden y acabar con la situación de caos y valores perdidos" que se vive en España. Sería la primera de las cinco conversaciones que Miláns y Merry mantendrían entre las 18.23 del lunes 23 de febrero y las 12.20 del martes 24 de febrero, principio y fin de la intentona.
La respuesta de Merry Gordon prueba que, al igual que a otros altos mandos militares ultraconservadores, la intentona le ha cogido por sorpresa. La fecha no es la prevista. Desde hace meses, en los ambientes castrenses y civiles golpistas se barajan dos momentos: el 'golpe blando', para el 21 de marzo, y el 'golpe duro', para el 2 de mayo.
Sin embargo, la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno (29 de enero) precipita los acontecimientos. Se ven obligados a improvisar sin el tiempo necesario para los mínimos preparativos. Esa improvisación, la falta de coordinación entre quienes deben levantarse y, sobre todo, la firme y constitucional actitud del Rey, hacen que el golpe fracase.
Y, por esa improvisación, Andalucía también les falla, pese a que es una de las plazas que los golpistas dan como segura al estar Merry Gordon al frente de ella. Alfonso Armada, Antonio Tejero y Jaime Miláns del Bosch, los tres principales protagonistas de la intentona -los tres serían condenados a 30 años de prisión por rebelión militar-, están convencidos de que Merry sacará a la calle a la División Mecanizada Guzmán El Bueno, tomará Sevilla y rememorará al general Alfonso Queipo de Llano en el alzamiento de julio de 1936. En cambio, la IX Región Militar, con sede en Granada, la dan por perdida. No cuenta con unidades operativas de élite y su máximo responsable, el teniente general Antonio Delgado Alvarez, es de una inquebrantable lealtad al Rey y a los principios constitucionales.
Cuando Tejero entra en el Congreso, Merry Gordon se encuentra en su domicilio, dispuesto para subir a su despacho oficial, en el edificio central de la Plaza de España de Sevilla. La noticia circula de inmediato por todos los despachos de Capitanía. Jefes y oficiales se mueven entre la confusión y el desconcierto. La radio es el vehículo transmisor. Ha sucedido durante la segunda votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de Gobierno, en sustitución del dimitido Suárez. En la primera, la del viernes día 20, no había obtenido la necesaria mayoría absoluta.
"Jaime, estas cosas se avisan con tiempo, se planifican. Todo esto, tal y como me cuentas que está organizado, está condenado al fracaso. Conmigo no cuentes". Esto afirma Merry que contestó a Miláns cuando le telefoneó por primera vez. También asegura que le comunicó que se daba por enterado y que no hubo nada más. Años más tarde, contaría que, media hora después, recibió una primera llamada del Rey. La conversación fue muy breve. Don Juan Carlos le preguntó por la situación y él le dijo: "Majestad, aquí no hay novedad ni la habrá". Siempre según su relato, el Rey, de madrugada, le llama de nuevo. Esta vez para agradecerle su comportamiento y el de sus subordinados. El teniente general cuenta que le respondió "Señor, ya le dije que no habría novedades en la II Región y no las ha habido". Que se sepa, éstas son las únicas confesiones que Merry Gordon ha hecho a sus más allegados de lo ocurrido ese día. Estas y su aseveración de que siempre estuvo a las ordenes del Rey. Idéntico silencio han guardado sus más directos colaboradores, que sí tuvieron un papel decisivo para que la II Región Militar no se levantase. Es el caso del general jefe del Estado Mayor Gustavo Urrutia, que meses después sería nombrado capitán general de Madrid; del general Manuel Saavedra Palmeyro, responsable de la División Mecanizada Guzmán el Bueno y sucesor de Merry Gordon en la Capitanía general; y de Manuel Esquivias, gobernador militar de Sevilla.
Para la historia, hay aún muchas dudas sobre el comportamiento de Merry que, mientras dura la intentona, permanece vestido con gorra de tanquista y uniforme de legionario y cuyo estado físico de esa noche siempre ha sido una gran interrogante (años después, él y algunos de sus acompañantes en aquel 23-F desmentirían que hubiese tomado alguna copa de más). Para alimentar esas dudas está el escrito que, en otoño de 1980, circula entre varios tenientes generales. Al menos cinco lo refrendan. Uno es el titular de la II Región Militar; los otros: Miláns del Bosch (Valencia), Luis Polanco (Burgos), Angel Campano y Jesús González del Yerro (Canarias). Su contenido es una protesta por la marcha de la política nacional. Su destinatario es el Rey, "para que aplique los cambios y remedios necesarios".
En los cuarteles se asienta el temor a la desintegración de España por el desarrollo de las autonomías y se rechaza la secularización de la vida nacional, la libertad de prensa y la reorganización y sistema de ascensos en la estructura militar. Todo ello coincide con una feroz ofensiva de los socialistas contra Adolfo Suárez, con luchas cainistas en la UCD y con una brutal campaña terrorista de ETA, que elige como blanco predilecto a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Seguridad para provocar un golpe de Estado que impida una solución pacífica y negociada de las reivindicaciones nacionalistas vascas. Desde la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, hasta este 23-F de 1981, ETA ha asesinado a 6 generales, 6 coroneles, 14 tenientes coroneles y comandantes, 3 oficiales, 10 suboficiales, 79 guardias civiles, 42 policíasnacionales, 20 funcionarios de policía y 15 policías municipales. Ante este panorama, Miláns, Armada, Tejero y los otros 30 que serían procesados por la intentona del 23-F -entre ellos sólo un civil- defienden la supresión del Estado de las autonomías, la ocupación militar del País Vasco y la ilegalización de los partidos y de los sindicatos de clase.
Las actuaciones que se conocen de Merry Gordon durante el 23-F solo sirven para aumentar la incredulidad sobre sus verdaderas intenciones. El militar se niega a hablar con los máximos responsables de las instituciones democráticas en Andalucía: el consejero de Interior y presidente en funciones de la Junta, Antonio Ojeda, -Rafael Escuredo, el presidente y diputado del PSOE, está secuestrado en el Congreso- y el gobernador civil de Sevilla y delegado del Gobierno en funciones, José María Sanz Pastor. Tampoco los representantes del poder civil lo intentan; saben quién es el teniente general y optan por comunicarse con mandos de su entorno que sí les merecen garantías. Los dos conversan con el gobernador militar de Sevilla, que les asegura que la guarnición está con el Rey y con la Constitución. La voz del general Esquivias es la que esa noche tranquiliza a los dirigentes políticos y sociales y la del general Gustavo Urrutia es la que frena a algunos compañeros que, incluso, están dispuestos a descorchar alguna que otra botella de más.
En el Congreso, a Tejero le comunican que la II Región también le respalda. El mensaje se basa en una resolución de Merry Gordon que, a última hora de la tarde, ordena que todas las fuerzas públicas, las Armadas y las de los Cuerpos de Seguridad, se pongan bajo su mando y permanezcan acuarteladas. La decisión la cursa tras recibirse en Capitanía instrucciones del titular de la Junta de Jefes de Estado Mayor, general Gabeiras, de poner en marcha la Alerta 2 u operación Diana. Lo dispuesto en ella nada tiene que ver con lo establecido por Merry. En Madrid, la comisión de subsecretarios, convertida en Gobierno provisional, pide a Gabeiras que haga rectificar al capitán general de Sevilla y que le recuerde cuáles son sus competencias. Merry no rectifica. Quien sí lo hace, con o sin su aprobación, es el gobernador militar, que ordena a sus efectivos que cumplan exclusivamente lo marcado en la operación Diana.
Otro episodio de esa noche, dado como verídico durante años pero desmentido por algunos de los que pudieron estar presentes, es el enfrentamiento que mantienen el teniente general Merry Gordon y el general Saavedra Palmeyro. Según la versión que circuló en el entorno de ambos, Merry habría mostrado ciertas simpatías por la acción de los golpistas y llega a disponer, 'en un momento de alegría', que salgan algunos carros de la Guzmán el Bueno, a lo que el general Saavedra habría respondido: "Mi general, si das esa orden saco los carros, pero te los pongo frente a Capitanía". Una situación bien distinta se vive en la Capitanía general del Aire de la II Región Militar, con sede en Tablada. Su titular, el teniente general Fernando de Querol Müller, que se encuentra en una clínica de Madrid junto a su madre gravemente enferma, da un ejemplo de apoyo a la Constitución y al Rey. Querol telefonea esa noche al gobernador civil de Sevilla y le pone a su disposición su Estado Mayor y su propio despacho oficial, por si en él se siente más seguro. Incluso, le ofrece una dotación militar para que le proteja si decide trasladarse. Idéntico talante mantiene el jefe superior de Policía, Raimundo Maestro, que revoca la orden de Merry que obliga a las patrullas del 091 a permanecer acuarteladas. En cambio, no es esa la actuación de la Guardia Civil. Su máximo responsable en Sevilla está misteriosamente desaparecido -meses después será destituido- y el general de la II Zona, Diego Daza Ramírez, se niega a ponerse a las órdenes del gobernador civil de Sevilla.En Granada, en la IX Región Militar, la situación es de calma. Los golpistas son conscientes de que nunca tendrán el respaldo de su titular. No obstante, hay unas horas de incertidumbre que coinciden con la ausencia del teniente general Antonio Delgado Alvarez, que está en Almería despidiéndose de las guarniciones -el 11 de marzo cumple la edad reglamentaria y se jubila-. Sus funciones las ejerce el gobernador militar, el general Lachica, cuyo reciente discurso de toma de posesión había rozado los límites del acatamiento constitucional. Sin embargo, los mayores recelos están en dos carismáticos mandos de la Guardia Civil: el general Manuel Prieto López y el coronel Cortés. El primero, que está en situación especial, aparece en el Congreso junto al director general del Cuerpo, Aramburu Topete, y hace un trabajo de mediación; el segundo, ilocalizable en los primeros momentos, acaba por ponerse bajo el mando del gobernador civil de Granada. En esas horas críticas, protagonismo especial para José María Sanz-Pastor, gobernador civil de Sevilla, que, desde el primer momento, lo tiene muy claro. Tras reunir a la junta de Orden Público, sus ordenes son rotundas: hay que defender la Constitución y la Policía y la Guardia Civil están bajo su mando. Ante la posibilidad de que grupos de extrema derecha actúen en la calle, ordena a los Cuerpos de Seguridad que, si es necesario, usen sus armas reglamentarias. A los guardias civiles que custodian su edificio también les dice que si algún militar pretende entrar por la fuerza deben disparar. El propio Sanz-Pastor se hace con dos pistolas y con varios cargadores, que guarda en un cajón de la mesa de su despacho por si se ve obligado a utilizarlos.
Momentos tensos. En los otros siete Gobiernos Civiles de Andalucía, con situaciones menos tensas, también hay reuniones de las Juntas de Seguridad. La mayoría de los mandos de los Cuerpos de Seguridad defienden los principios democráticos. Solo en algún caso hay dudas y silencios sospechosos y el golpe no es condenado, aunque tampoco respaldado. Varios alcaldes de las principales ciudades permanecen en sus ayuntamientos, reunidos con portavoces municipales y cargos de la Policía Local. En los entornos de algunos Gobiernos Civiles y Comisarías de Policía se viven momentos difíciles. Hay champán y circulan listas negras de personas a neutralizar y ejecutar. Inspectores de la Brigada Político Social y conocidos dirigentes de la ultraderecha se ofrecen para encabezar y formar comandos civiles. En capitales y pueblos, dirigentes de partidos y sindicatos se apresuran a retirar y esconder los archivos de sus sedes, que serán destruidos si el golpe triunfa. Algunos se encierran en sus casas a la espera de acontecimientos, otros deciden huir y buscar pisos y amigos seguros. Muchos políticos, sindicalistas y profesionales liberales son conscientes de que, si la intentona prospera, irán a por ellos.
La situación más tensa se da en los lugares más castigados por la represión de la Guerra Civil, cuyo recuerdo aún está presente. Ejemplos claros hay en Sevilla y Granada. El alcalde de Lebrija, Antonio Torres, del PAU-PTA, organiza milicias populares; el de Camas, del PCA, manda a las calles patrullas de vigilancia; y en localidades de la Sierra Sur sevillana y en municipios granadinos como Maracena, Chauchina, Fuente Vaqueros, Iznalloz y Montejícar, militantes de izquierdas hacen acopio de escopetas de caza y de cualquier tipo de rudimentario armamento. Por el contrario, en otras poblaciones de Granada, caso de Motril y Armilla, son ultraderechistas los que acuden a la Guardia Civil dispuestos a dar 'el paseíllo' a los que aparecen en sus listados.
El sosiego no llega hasta siete horas después de la entrada de Tejero en el Congreso. A la 01.14, el Rey, con uniforme de capitán general, aparece en Televisión Española y envía al país un mensaje de tranquilidad. Solo entonces hay conciencia de que el golpe no ha prosperado. La actuación del Rey ha sido clave. La Monarquía sale fortalecida. Se asegura que esa noche muchos se acostaron republicanos y se levantaron juancarlistas. Tras el discurso del monarca, capitanes generales y mandos militares manifiestan su adhesión inquebrantable al Jefe del Estado. El Poder Civil recobra el control y, a mediodía, tras múltiples negociaciones, Antonio Tejero y los suyos se rinden. Los golpistas son detenidos. Cuatro días después, el viernes 27, millones de españoles se manifiestan por toda la geografía nacional en defensa de la democracia.
Estatuto andaluz. Al día siguiente, 28 de febrero, aún con el miedo en el cuerpo por el fallido golpe de Estado, la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía se reúne en el Palacio de la Merced de Córdoba. Tema monográfico: el proyecto de estatuto de autonomía. Tras dos jornadas de debates, el 1 de marzo, los diputados lo aprueban mayoritariamente. Para la simbología histórica queda que el texto sale adelante en la misma ciudad en la que, en 1933, en el salón noble del Círculo de la Amistad, la Asamblea Regional Andaluza, con Blas Infante al frente, había aprobado también el llamado 'Anteproyecto de Bases para el Estatuto de Andalucía'.
Los parlamentarios refrendan el llamado 'Estatuto de Carmona'. Su nombre lo toma de esa localidad sevillana en cuyo Parador, en la tarde del 12 de febrero, jueves, y después de dos meses de rápido trabajo, los siete miembros de la comisión redactora terminan el proyecto estatutario. Sus autores, los conocidos como 'padres del estatuto', son: José Rodríguez de la Borbolla (PSOE), Miguel Angel Pino (PSOE), Angel López López (PSOE), Carlos Rosado Cobián (UCD), Pedro Luis Serrera (UCD), Javier Pérez Royo (PCA) y Juan Carlos Aguilar (PSA). Tanto es así que, para evitar enfrentamientos provinciales, ni siquiera se determina qué ciudad será la capital de Andalucía.
Los asuntos más polémicos son aparcados. Por encima de todo se pretende el consenso y hay concesiones muy importantes. Tanto la UCD, rota y viviendo el principio de su desintegración, como el PSOE y el PCA se olvidan de sus posiciones más andalucistas. Y el Partido Socialista de Andalucía, inmerso en luchas internas, pese a que intenta jugar fuerte en el contenido nacionalista del estatuto, también cede y ve como algunas de sus propuestas irrenunciables son rechazadas. De tal modo que los tres partidos de ámbito estatal no aceptan incluir en el preámbulo del estatuto su reconocimiento a la figura de Blas Infante. El texto decía: "...al otorgarse el presente Estatuto, el pueblo andaluz quiere rendir homenaje a Blas Infante y a todos los andaluces que, como él, supieron vivir y morir por una Andalucía libre".
Sin duda, junto a la intentona golpista del 23-F, la redacción y posterior aprobación, en refererendo, del estatuto de autonomía es el hecho político más relevante del año y de mayor trascendencia para el futuro de Andalucía. Tras el 'sí' de los diputados, el 20 de octubre los andaluces dicen también 'sí' en las urnas y el 30 de diciembre el texto es sancionado por el Rey. A partir de ese momento, Andalucía, en igualdad de competencias con las comunidades históricas -Cataluña, País Vasco y Galicia- tiene su instrumento legal para desarrollar su autonomía plena, ganada en la calle. El apoyo a la ratificación del estatuto es masivo, pero la participación es la más baja registrada en Andalucía desde la muerte de Franco. Casi el 90 por ciento de los andaluces que acude a votar (el 89,38 por ciento) lo hace afirmativamente. El mayor respaldo se da en Cádiz, Sevilla y Huelva y el menor en Almería y Jaén. El 'no' sólo suma un siete por ciento.
Queda la espina de la abstención, que supera las previsiones más pesimistas. Casi la mitad de los andaluces se queda en casa. La participación es de sólo el 53,4 por ciento, nueve puntos menos que la del referendo del 28-F del año anterior. Almería, con el 45,4 por ciento, es el gran pinchazo; también Cádiz, con el 50,5. La excepción es Córdoba, única provincia que supera el listón del 60 por ciento (62%). No obstante, la abstención es menor que en los referendos de los estatutos vasco, catalán y gallego. De antemano, todos son conscientes del escaso nivel de movilización del momento. Por eso, durante los quince días de campaña, Junta, diputaciones, ayuntamientos, partidos, sindicatos, empresarios y grupos sociales tienen un mensaje común: combatir la abstención. El lema institucional es '¡Ea! Echemos a andar. Vota Estatuto Andaluz'. La respuesta no es la esperada, pero se alcanza el objetivo que es lo que importa. Los cuatro grupos con representación parlamentaria, PSOE, UCD, PCA y PSA, apoyan el 'sí', aunque los andalucistas lo hacen con reparos. También lo respalda Unidad Andaluza, el partido recientemente fundado por el ex ministro Manuel Clavero. Alianza Popular da libertad de voto y, desde los extremos ideológicos, el MCA, el PAU-PTA y FN promueven el 'no'.
A la espera de ese mayor poder político que se avecina, las esperanzas pasan por soluciones a la crítica situación económica que se vive, sobre todo en el medio rural que se va despoblando. La tasa de paro, según la Encuesta de Población Activa, es del 20,04 por ciento, siete puntos más que la media nacional, y el ingreso medio anual del andaluz, según la Encuesta de Presupuestos Familiares, es de sólo 158.449 pesetas, frente a las 206.824 de la media española.
La emigración, que continúa, coincide con un progresivo abandono del campo -cada vez con menos futuro-, y con un desplazamiento hacia las grandes ciudades. En 1981, más de la tercera parte de la población andaluza, el 34,2 por ciento, se concentra en las capitales. La de Málaga aglutina al 49 por ciento de los habitantes de su provincia y la de Sevilla al 43,07. Andalucía frena su crecimiento continuado de población que mantenía durante este siglo y desciende su importancia demográfica en el conjunto de España. El censo de este año le sitúa en su punto histórico más bajo, con sólo el 17 por ciento del total nacional de habitantes.
Las principales preocupaciones de los andaluces son las tradicionalmente asociadas al atraso endémico de la región. El paro es el mayor problema. Así lo destaca la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de finales de este año. Le sigue la falta de industrias y, para sorpresa de todos, en tercer lugar aparece el reparto de la tierra. Y es que el campo, basado en un sistema latifundista y de campesinos sin tierra, es, en estos momentos, un polvorín. Los jornaleros, sumidos en tiempo de paro y de extrema sequía, se revelan contra el hambre que padecen. No hay trabajo y la cobertura y el dinero del empleo comunitario son insuficientes. Los trabajadores se movilizan a favor de una auténtica reforma agraria.
El campo en lucha. En abril y mayo el clima de tensión se dispara. Convocados por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), y en menor medida por CC OO, se suceden los encierros y huelgas de hambre en decenas de iglesias y ayuntamientos de Cádiz, Sevilla y Málaga. Las protestas son continuas en pueblos como Villamartín, Puerto Serrano, El Coronil, Montellano, Los Corrales, Lebrija, Paterna de la Rivera, Teba, Badolatosa, Peñaflor y Marinaleda. En este útimo, su alcalde, José Manuel Sánchez Gordillo, es el más fiel ejemplo de la presión y movilización jornalera de entonces.
En Villamartín, en la provincia de Cádiz, Francisco Casero, uno de los más carismáticos líderes y luchadores del SOC, junto a cuatro jornaleros, Manuel Figueroa Zapata, Manuel Sánchez, Manuel Copete Camas y Manuel Vicedo, protagoniza una huelga de hambre de treinta y cinco días, la más larga conocida hasta la fecha en el campo andaluz. En la localidad malagueña de Teba, durante los encierros promovidos por CC OO, muere un trabajador, Rafael Hoyos Galán. La Guardia Civil, por orden de los gobernadores, actúa y detiene a varios alcaldes, concejales y campesinos, que son acusados de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad. Las movilizaciones acaban temporalmente tras el acuerdo alcanzado entre el presidente de la Junta preautonómica, Rafael Escudero, y el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Es sólo una tregua. La mayor parte de lo pactado -mejoras en el empleo comunitario- no se cumple y vuelven las protestas. Todo queda pendiente de la prometida Ley de Reforma Agraria. El Parlamento andaluz la aprobaría en 1983, pero su principal objetivo ideológico-histórico, las expropiaciones de fincas, nunca se llevaría a la práctica. Los tribunales de Justicia, atendiendo los recursos de los empresarios agrícolas, tumbarían todos los decretos expropiatorios aprobados por el Gobierno autonómico.
La sequía hace estragos en el campo y también en las ciudades. No llueve, el volumen de agua embalsada en los pantanos es mínimo y se imponen drásticas restricciones tanto en el consumo como en el riego. Muchos municipios solicitan la declaración de zona catastrófica. La situación más alarmante se vive en Sevilla capital. Durante los meses de verano, sus habitantes sólo disponen de nueve horas de agua al día (el suministro se corta entre las tres y media de la tarde y las seis y media de la mañana siguiente). Los expertos aseguran que es la sequía más dura de los últimos doscientos años. En noviembre, el cardenal Bueno Monreal, arzobispo de Sevilla, preside una rogativa pública para que llueva.
Mientras Andalucía es castigada por la falta de agua, parte de España -Madrid y las dos Castilla- se ve sobresaltada por el mal de la colza. Mueren 650 personas y más de 20.000 enferman y quedan con gravísimas secuelas. Comerciantes desaprensivos venden como aceite de oliva lo que es aceite de colza para uso industrial. El divorcio es ya legal en España; el Consejo de Ministros indulta a Eleuterio Sánchez El Lute; los marqueses de Urquijo son asesinados en Madrid; la mujer se incorpora a los carnavales de Cádiz; el top less se generaliza en las playas; el turismo sigue siendo la gallina de los huevos de oro de la economía andaluza; los Reyes celebran el día de la Hispanidad en Palos de la Frontera (Huelva) y, cerrando año, España ingresa en la OTAN (9 de diciembre).
En mayo, en Almería, la Guardia Civil detiene, interroga y mata a tres jóvenes a los que, según dijeron, confunden con los etarras que acababan de atentar contra el general Valenzuela en Madrid. Pero Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales solo son tres ciudadanos inocentes, que habían viajado desde Santander hasta el municipio almeriense de Pechina para asistir a la primera comunión del familiar de uno de ellos. Sus cuerpos, calcinados, dentro de un Ford Fiesta, son encontrados en un barranco de la carretera de Gérgal.
El estado de bienestar es todavía una asignatura pendiente. El Gobierno central apenas invierte en Andalucía en sectores básicos como educación, sanidad, vivienda, carreteras y equipamientos. Las competencias transferidas en esta etapa preautonómica son muy pocas. El panorama social es desalentador y preocupante. El número de analfabetos duplica al de la media nacional y el absentismo escolar, sobre todo en el medio rural, está disparado. La posibilidad de acceder a los estudios superiores no es cosa de todos. Los 103 centros universitarios existentes en cinco de las ocho provincias -no hay en Jaén, Almería ni Huelva- sólo cuentan con 96.070 alumnos. La asistencia sanitaria pública y gratuita no cubre aún a toda la población. Solo hay hospitales en las capitales.
Gibraltar es causa de un episodio del cuento de hadas del año, con conflicto político-monárquico institucional. En julio, en la Catedral de San Pablo de Londres, el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, se casa con Lady Diana Spencer. Los Reyes de España protagonizan un sonado gesto: no asisten al fastuoso acontecimiento ante la intención de la pareja de visitar el Peñón durante su viaje de novios. Mientras, el panorama internacional queda convulsionado por los atentados contra el presidente norteamericano Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II, que salvan sus vidas, y contra el presidente egipcio Anuar Al-Sadat, que es asesinado. El Parlamento de Estrasburgo declara la abolición de la pena de muerte en todos los países de la Comunidad Económica Europea, científicos norteamericanos reconocen la existencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y Gabriel García Márquez publica su Crónica de una muerte anunciada.
La cultura andaluza de este 1981 está marcada por abundantes nombres propios, con nostalgia, premios y estrenos. Se cumplen cien años del nacimiento de Pablo Ruiz Picasso y también del de Juan Ramón Jiménez, el premio Nobel onubense de Platero y yo. El Guernica, la obra maestra del pintor malagueño, llega a Madrid el 10 de septiembre. Desde 1939 permanecía en Nueva York. Con este regreso a casa se cumple la voluntad de Picasso que, en vida, había supeditado el retorno de su retrato de la guerra civil a la recuperación de las libertades públicas en nuestro país. En mayo, en subasta pública, se pagan 482 millones de pesetas por un autorretrato de Picasso, el precio más alto alcanzado hasta entonces por una obra de un artista del siglo XX.
La pensadora malagueña María Zambrano obtiene el premio Príncipe de Asturias a la Comunicación Social y el pintor sevillano Luis Gordillo el premio nacional de las ArtesPlásticas. El 19 de julio fallece el escritor gaditano José María Pemán. Dos meses antes, el Rey Juan Carlos le había impuesto el Toisón de oro, la máxima condecoración por los méritos contraídos en defensa de la monarquía. Andrés Segovia es homenajeado en el XXX Festival internacional de Música y Danza de Granada e Imperio Argentina en el II Festival de cine de Sevilla. En junio, el poeta Jorge Guillén es nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga. Carlos Saura estrena, en Madrid, su versión cinematográfica de Bodas de sangre, de García Lorca; y José Tamayo, en la Real Maestranza de Sevilla, pone en escena, por primera vez en español, la ópera Carmen. La película Rocío es prohibida en España, Pata Negra lanza su Rock gitano y nace el grupo malagueño Danza Invisible. También se conoce la correspondencia inédita mantenida entre Joaquín Rodrigo y Manuel de Falla. En fútbol, el Polideportivo Almería, después de dos temporadas en Primera División, donde están el Sevilla y el Betis, baja a Segunda; el Cádiz asciende a la División de Honor.
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