La Junta
Ignacio Camacho escribe:
La Junta
Dos pasos adelante y uno atrás. Este año queda en la historia reciente de Andalucía por haber sido cuando se creó la Junta de Andalucía, las fuerzas políticas pactaron en Antequera el proceso autonómico a seguir y el frenazo que hubo porque el partido en el poder central, la UCD, no terminó por creerse que la autonomía era un proceso irreversible, por el que quería transitar el futuro de Andalucía. Un magistrado, perteneciente a Justicia Democrática, Plácido Fernández Viagas fue elegido primer presidente andaluz. A comienzos de 1978, la autonomía andaluza era aún apenas la traza borrosa de un sueño. El impulso del 4 de diciembre del 77 había dejado una clara impronta de opinión pública favorable y un capital de movilización política cuyo potencial dependía sobre todo de la capacidad de liderazgo con que la clase dirigente fuese capaz de aprovecharlo. A finales de año, sin embargo, el proceso autonómico seguía perteneciendo al territorio de los sueños, pero había cobrado visos serios de viabilidad a través de dos hitos fundamentales: la creación de la Junta de Andalucía y el Pacto de Antequera.
A lo largo de este año, en el que fue elaborada y aprobada la Constitución Española, la autonomía andaluza zozobró varias veces en medio de un agitado clima político en el que los objetivos y definiciones variaban cada semana. El periodo constituyente, en el que se determina y da forma al modelo de Estado democrático, atraviesa a lo largo de los meses de 1978 continuas fluctuaciones relacionadas con el pulso de la lucha partidista por la hegemonía entre UCD y PSOE, que se extrapola a Andalucía y su proceso de avance hacia la autonomía política. El consenso que finalmente reflejó la Constitución, producto de un delicadísimo ajuste de aproximaciones, se limitó en la realidad a un sutil acuerdo de mínimos que permitió establecer una norma de convivencia política y un reglamento institucional, pero de ningún modo se trasladó al resto de la vida pública, donde la tensión afloraba por múltiples flancos. La rivalidad entre la UCD, el partido gobernante envuelto en crisis internas y graves problemas de desestabilización, y el PSOE, decidido a abordar cuanto antes el asalto al poder mediante una estrategia de desgaste del suarismo, centraba la vida política de una manera absolutamente condicionante.
Tampoco la autonomía andaluza gozó, en realidad, de un consenso claro en esos primeros momentos. Tras el turbulento desenlace de las manifestaciones del 4 de diciembre del 77, con el asesinato de José Manuel García Caparrós en Málaga y la crispación desencadenada como consecuencia de este episodio dramático, el hecho autonómico comienza a ser percibido por las fuerzas más conservadoras como un factor de desestabilización, a lo que contribuye la radicalización con que los partidos a la izquierda del PCE afrontan el clima que sucede a las movilizaciones del 4-D. También el centro-derecha, la propia UCD, observa con recelo el impulso con que socialistas y comunistas afrontan el proceso, y teme la mayoría que las dos fuerzas de izquierda pueden sumar en un mapa político exclusivamente andaluz, tal como se refleja en la reciente Asamblea de Parlamentarios. Sin embargo, la fuerza de la presencia de las masas en la calle y la evidencia de que existe un clima de opinión favorable a la autonomía en pie de igualdad con las reclamaciones de otras comunidades, se impone en la clase dirigente como un acicate para aprovechar el impulso del Día de Andalucía.
Café para todos. Así, el sábado 7 de enero, sin esperar siquiera al final de las vacaciones de Año Nuevo, la Asamblea de Parlamentarios andaluces aprueba el texto que pretende ser la base de un futuro decreto-ley para el establecimiento del régimen preautonómico. En una tensa sesión celebrada en Sevilla a lo largo de casi toda la jornada, la Asamblea refleja ya desde el comienzo las tensiones partidistas que van a caracterizar, de hecho, todo el proceso de autonomía hasta las elecciones de 1982.
Desde esa reunión, hasta la aprobación por el Gobierno de la preautonomía, el 19 de abril, van a pasar tres meses largos de tira y afloja político. De un lado, el papel de las diputaciones, a las que UCD intenta en un primer momento incluir dentro del proyecto de preautonomía con un papel políticamente potente que equilibre su debilidad minoritaria en una asamblea parlamentaria dominada por los partidos de izquierda. De otro lado, el intento desestabilizador de un sector de la propia UCD en Granada y Almería, que culminará en la maniobra de abierta murcianización puesta en marcha por el aparato del partido centrista en la provincia almeriense. Y en medio, el interés cada vez más evidente del primer Gobierno de Adolfo Suárez por frenar el proceso andaluz, ralentizándolo o enviándolo por la vía secundaria prevista en la redacción de la Constitución.
En un primer momento, ese intento de freno choca de plano con la actividad y el interés del ministro Manuel Clavero, desplazado de los asuntos de primer nivel, como la interlocución con la preautonomía catalana que dirige Josep Tarradellas. Clavero, que logra conservar su puesto clave tras la crisis que sucede a la dimisión del vicepresidente Enrique Fuentes Quintana, se vuelca en el objetivo de lograr en su propia tierra un papel preponderante, a sabiendas de que ese fin pasa por sumarse a la consecución de la autonomía plena, contra los designios que establecen Jaime García Añoveros y José Pedro Pérez Llorca. Puesto en la picota por numerosos medios políticos y de opinión de Madrid por su criterio del 'café para todos', Clavero obtiene -o impone por la vía de los hechos consumados- de un Suárez desbordado por mil problemas la anuencia a su proyecto generalizador de las autonomías, que será finalmente recogido en el espíritu del Título VIII de la Constitución.
El parón del proceso andaluz coincide con una época particularmente crítica. El rebrote de movilizaciones campesinas en febrero, la turbulenta crisis social del sector naval gaditano y los ametrallamientos de pesqueros en el banco sahariano -doblemente amenazado por los marroquíes y los polisarios- ponen de manifiesto un argumento esencial a favor de la autonomía como instrumento de desarrollo que sitúe a Andalucía como eje de prioridad, una visión ausente en el marco de una política dirigida desde el prisma del conjunto de la nación. El carnaval de Cádiz, que recupera este año su vieja denominación popular que el franquismo había sustituido por el menos subversivo de 'Fiestas típicas', recoge con precisión este clima de reivindicación colectiva, en el que no faltan dolorosas elegías carnavaleras a la memoria de García Caparrós.
Viva Andalucía viva. Finalmente, y ya con los partidos de izquierda en abierto pie de guerra, con la fecha del 5 de abril sobre la mesa como eje de una nueva jornada de movilizaciones proautonómicas, el Gobierno da el visto bueno. No sin antes haber aprobado, por riguroso turno, los regímenes preautonómicos de Galicia, País Valenciano, Canarias y Aragón, además de los prioritarios del País Vasco y Cataluña. El acuerdo se produce a finales de marzo, tras un largo forcejeo entre UCD y PSOE, y establece la creación de la Junta de Andalucía, con Pleno y Consejo Permanente, unas diputaciones muy capitidisminuidas y la elección del presidente por los parlamentarios. El 19 de abril, el decreto de creación de la Junta de Andalucía -denominación que saca adelante Manuel Clavero, puesto que iba a llamarse Consejo Regional Andaluz- sale aprobado del Consejo de Ministros.
Para esas fechas, ha comenzado en Córdoba, gracias al esfuerzo y trabajo de Emilio Pérez Ruiz y su equipo, el Congreso de Cultura Andaluza, un hermoso proyecto que acabará en vía muerta por falta de financiación y desinterés público. Antonio Gala lo abre en la Mezquita con un discurso vibrante que acaba con el grito de 'Viva Andalucía viva'. El clima de autoafirmación colectiva es intenso. Por eso, la expectativa que genera el nombramiento del primer presidente de la Junta preautonómica adquiere ribetes esperanzadores, El elegido, después de un notable pulso interno en el seno del PSOE -donde Alfonso Guerra veta a Rafael Escuredo-, es el senador y magistrado sevillano Plácido Fernández Viagas. El 27 de mayo, en una solemnísima sesión celebrada en la cuna constitucional de Cádiz, se constituye la Junta y Plácido es elegido por mayoría frente a Jaime García Añoveros, el candidato de UCD que más tarde será ministro de Hacienda. Comunistas e independientes apoyan al candidato socialista, asegurándose sendas carteras en su gabinete preautonómico, Tomás García (PCE) en Industria y Juan López Martos (independiente) en Medio Ambiente.
En este primer gobierno andaluz, con escasas competencias, era más bien testimonial de lo que, en un futuro, podría ser la autonomía andaluza. Se tuvieron en cuenta los intereses de los dos partidos que lo configuraron, con Carlos Sanjuán (Interior), Francisco de la Torre (Economía), Eugenio Alés (Educación), Antonio Delgado de Jesús (Sanidad), Rafael Escuredo (Obras Públicas), Felix Manuel Pérez Miyares (Agricultura), Carlos Navarrete (Trabajo).
La gestión de Fernández Viagas tiene mejor crédito retrospectivo que el que dispuso durante el año largo que duró su mandato. Prematuramente fallecido, la figura del magistrado se agranda por su talante humano y ético y por su carácter de pionero autonómico, pero en el 78 y el 79 fue objeto de agrias polémicas, dentro y fuera de su propio partido. Acusado de sectarismo por la UCD y por el Partido Socialista de Andalucía (que llegó a publicar anuncios en la prensa contra su figura y su mandato), Plácido sufrió al mismo tiempo el desgaste al que le sometía un bloqueo tácito del Gobierno a las aspiraciones autonomistas -siempre con la excepción tenaz del ministro Clavero- y las contradicciones del mismo PSOE, que fluctuó varias veces a propósito de su concepción del ritmo autonómico de Andalucía.
En este sentido, son públicas las reticencias con que el directorio socialista, compuesto por Felipe González y un Alfonso Guerra sobre el que recaía de modo directo la política 'doméstica', afrontaron el proceso autonómico andaluz. La tenacidad de Rafael Escuredo y la perspectiva de desgastar por este flanco a un Suárez en continuo entredicho acabaron volcando la balanza hacia el lado de la reivindicación, pero en el 78 el fiel aún estaba indeciso. Plácido Fernández Viagas pagó las consecuencias de esa indecisión, y también las de su carácter poco amigable -se hizo famoso el apodo de 'ácido'- y del clima conspirativo al que le sometieron José Rodríguez de la Borbolla y el propio Escuredo, además del continuo acoso del resto de los partidos, y particularmente del entonces llamado PSA, situado fuera del arco parlamentario pero con una expectativa e influencia claramente creciente en esos momentos. El PCE, representado por Ignacio Gallego y Tomás García, mantuvo una lealtad institucional reconocida por el propio Fernánez Viagas en diversas ocasiones, en público y en privado, aunque sus dirigentes no se abstuvieron de poner en evidencia las consecuencias que la pugna entre UCD y PSOE tenía en el proceso autonómico de Andalucía. Por unas causas y por otras, Plácido se quemó prematuramente en un esfuerzo en el que no pocas veces dio la impresión de ser el único que creía: el de dotar de contenido a un gobierno-fantasma salido de un decreto-ley con poco más valor que el nominal, y olvidado por un Gobierno cercado de problemas y por unos partidos nacionales, incluido el suyo, empeñados en la prioridad del alumbramiento de la Constitución.
Pacto de Antequera. Los incidentes fueron continuos a lo largo de 1978. Desde desplantes protocolarios y políticos -muy sonado el de la Diputación de Córdoba, en junio, donde Fernández Viagas se traga, sucesivamente, la ausencia de la bandera andaluza y el boicot de las Diputaciones predemocráticas, orquestado por la UCD, hasta sonoros silencios en sus llamadas a González y Guerra. En verano le estalla el conflicto de la UCD 'penibética', cuyos dirigentes, significadamente Antonio Jiménez Blanco en Granada y Gómez Angulo en Almería, apuestan abiertamente por el desmarque de la Junta, y sugieren el uno la partición en dos comunidades autónomas, y el otro directamente la creación de una autonomía murciano-almeriense. Al mismo tiempo, el PSA de Rojas Marcos alancea sin piedad al presidente, acusándole de inacción y sectarismo; Clavero lucha en varios frentes por mantener el diseño autonómico en la redacción constitucional, y los partidos andaluces deciden reunirse -en Ronda por primera vez, en verano- para redactar un borrador de estatuto, sin que los representantes socialistas en esa comisión vayan mucho más allá de la deferencia de comunicárselo poco antes al presidente de la Junta. Ninguneado por un Gobierno soterradamente hostil, inseguro respecto a su partido, criticado por el resto y al frente de un gabinete meramente simbólico, disperso por Andalucía y cuyo presidente se sienta inicialmente en un despacho prestado en la Diputación sevillana, Fernández Viagas se encuentra pasado el verano del 78 en una encrucijada con pocas salidas. Entonces, el 3 de octubre, realiza la oferta de un pacto general por la autonomía, un nuevo consenso autonómico andaluz. Lo que acabará siendo el Pacto de Antequera.
La paternidad del Pacto de Antequera no está clara. Oficialmente, es obvio que se trató de una idea de Plácido Fernández Viagas para salir del impasse. El ex presidente José Rodríguez de la Borbolla, a la sazón dirigente del PSOE andaluz bajo las directrices del guerrismo, atribuye la gestación de la idea a una reunión celebrada en la Diputación sevillana, con asistencia de Fernández Viagas, Manuel del Valle -entonces miembro de su secretaría-, Miguel Ángel Pino y el propio Borbolla, y sugiere que pudo partir de él mismo. Para esas fechas, Borbolla formaba parte de la comisión redactora del borrador de estatuto, iniciado en Ronda y continuado luego, a iniciativa suya, en Carmona, tras unas reuniones en Córdoba y Granada, a las que asisten personalidades como Rafael Illescas, Soledad Becerril, Juan Calero, Borbolla, Miguel Angel Pino, Antonio Jara, Joaquín Navarro, Pedro Luis Serrara, Cecilio Valverde y Luis Gea.
No es difícil ver que, a través de Borbolla, Alfonso Guerra imponía su ritmo político al margen de Plácido. Pero la propuesta del pacto, fuese de quien fuese, correspondía, obviamente al presidente de la Junta de Andalucía. La gestación del Pacto de Antequera, considerado por algunos -véase El Pacto de Antequera, de Manuel Hijano y Manuel Ruiz Romero, IAAP, 1997- como la piedra angular del proceso autonómico que desembocará en el referendo del 28 de febrero de 1980, no estuvo tampoco exenta de tensiones. La propuesta inicial de Plácido Fernández Viagas consistía en una oferta a todos los grupos políticos, con o sin representación parlamentaria, para propiciar la autonomía plena a través de la petición de los dos tercios de los municipios andaluces, una vía contemplada en el texto de la Constitución que iba a someterse a consulta en diciembre. Pero la idea tropieza con numerosas objeciones. No la más pequeña la del PSA, que propone primero un pacto de los parlamentarios andaluces en Congreso y Senado para actuar como lobby autonómico en la redacción de la Constitución. Por su parte, la UCD y los grupos más conservadores pretenden limitar el acuerdo a la Junta de Andalucía, sin incluir a los partidos que no han logrado representación parlamentaria.
Dos meses llevará la gestación del acuerdo. Dos meses en los que la política andaluza, al margen del consenso constitucional, sigue sometida al forcejeo partidista y al bloqueo político sobre el gobierno preautonómico, que en noviembre hará un balance desalentador. Para colmo, "Plácido se sentía víctima de Escuredo y Borbolla", según un miembro del primer gabinete preautonómico; "Escuredo decía que Plácido no tenía pasiones, se desesperaba de su frialdad". Más delicadamente, el propio Escuredo admite que "Plácido era un hombre de otra generación, a la que nosotros veníamos a sustituir".
Sea como fuere, la llamada al pacto desemboca en un acuerdo. Clavero, que finalmente no podrá acudir a Antequera por estar en un Consejo de Ministros, pastorea a la UCD hasta la firma -"ya habrá tiempo de ver quién gobierna Andalucía; ahora la tenemos que construir", decía-; el PSOE lima asperezas; los comunistas se dejan querer aunque haciendo críticas a las luchas partidistas; el PSA y Alianza Popular acaban venciendo sus opuestas reticencias, y la izquierda extraparlamentaria se suma entusiasta junto a algunas fuerzas marginales de la derecha, como la Democracia Cristiana o Reforma Social Española. Todos juntos acaban firmando, el 4 de diciembre de 1978, lo que Hijano y Ruiz Romero califican como "el documento más importante de la transición en Andalucía", el enlace histórico con el fallido proceso de 1936.
El valor real de ese acuerdo quizá sea objetivamente menor, pero significa un punto de inflexión en la autonomía. La posterior convocatoria de elecciones en marzo de 1979 dinamitaría el pacto, pero su objetivo real quedó en pie, y su espíritu fue aplicado al pie de la letra cuando la izquierda extraparlamentaria, primero, y todo el arco político, después, iniciasen en 1979 el vertiginoso proceso de iniciativa autonómica en los Ayuntamientos, que desembocó en la convocatoria del referéndum de 1980. El pacto provocó, además, una dinámica imparable, al fijar la autonomía plena como un objetivo compartido, del que ya nadie podrá volver atrás, aunque UCD lo intente a principios de 1980, con el resultado de fracaso por todos conocido.
El documento fue aprobado en Antequera, un año después de las movilizaciones del 4-D de 1977, con una redacción genérica para permitir su suscripción por el más amplio abanico de fuerzas. Se habla de acceder a la autonomía "en el plazo más breve posible", y de la "autonomía más eficaz", una ambigüedad que desembocaría en la áspera batalla posterior por la vía constitucional de los artículos 151 ó 143. La inminencia del referéndum de la Constitución, el 6 de diciembre -aprobada con amplia mayoría en Andalucía, gracias al voto mayoritario de la izquierda -, forzó a los partidos a amortiguar la celebración del aniversario del 4-D, sustituyendo las movilizaciones por la institución del Día de Andalucía y la solemne sesión de Antequera.
Una localización que, de otro lado, entroncaba directamente con la tradición regionalista, al remitirse a la llamada Constitución de Antequera de 1883, y al tiempo referenciaba geográficamente a toda Andalucía desde su centralidad urbana. Aún no se había planteado la cuestión de la capitalidad, si bien una representación municipal antequerana había visitado a Fernández Viagas con una propuesta en dicho sentido.
El año 78 acaba, desde el punto de vista autonómico, con una sorpresa. Sorpresa relativa, porque el ambiente político de Madrid presagiaba después de la Constitución una disolución de las Cortes que la habían hecho posible. El 29 de diciembre, cuando la comisión redactora del borrador del Estatuto de Autonomía se halla reunida en Carmona ultimando el texto, llega a los asistentes la noticia de la convocatoria de elecciones generales para el 1 de marzo de 1979 y municipales para el 3 de abril. Una expectativa que iba a suspender durante cuatro meses largos -cinco, contando el proceso de pactos locales- todo el proceso autonómico andaluz, hasta su sorprendente aceleración desde el verano del 79 al vértigo de febrero del 80.
Del Eurobetis al Papa Clemente. En 1978, la vorágine de cambios sociales acaecidos en España desata una sucesión vertiginosa de hechos. Se despenaliza el adulterio, se fija la mayoría de edad a los 18 años, se estrena El último tango en París, se celebran elecciones sindicales en libertad y, por supuesto, se aprueba la Constitución.
En Andalucía, además de arder de nuevo el campo con las movilizaciones jornaleras y activarse en Cádiz la primera gran protesta contra la reconversión naval, es el año del Eurobetis, la odisea europea de un equipo que, tras ganar la Copa del Rey en el 77, recorre un insólito camino en la Recopa eliminando al Lokomotive de Leipzig y al poderoso Milan de Gianni Rivera. El milagro acaba en Kiev, frente al Dynamo, una noche del mes de marzo. Pero aún terminará peor en mayo: Betis y Cádiz acaban la temporada en el foso de la Segunda División. Y, en junio, el bético Cardeñosa fallará en el Mundial de Argentina un gol que marcará toda su vida.
En agosto, el sainete del Palmar de Troya vive un episodio culminante con la autoproclamación de Clemente Domínguez como Papa alternativo. Los carmelitas de la Santa Faz pasean a su líder con tiara en una silla gestatoria, y lo aclaman bajo el nombre de Gregorio XVII. Pero no todo es farsa.
En Sevilla, Salvador Távora y su grupo La Cuadra estrenan en el Lope de Vega el montaje Herramienta, una exploración dramática y plástica en el mundo del trabajo manual, en torno a una hormigonera. Juan Peña, Lebrijano, estrena en noviembre Persecución, un espectáculo flamenco sobre el mundo gitano, y varios grupos andaluces acometen el rescate del teatro de Lorca, casi inédito desde la Guerra Civil.
En julio estalla un camión cisterna en el camping catalán de Los Alfaques: 180 muertos y 600 heridos. También estalla una bomba de frivolidad social: Julio Iglesias e Isabel Preysler se separan. Antes, en marzo, ETA ha puesto una bomba de las de verdad en las obras de la central nuclear de Lemóniz, con balance de dos muertos (el 78 es uno de los años más sangrientos de la historia de la banda), y en abril, la marquesa de Villaverde es detenida en Barajas con un maletín lleno de joyas que piensa evadir ante la creciente 'inseguridad democrática'. Destino: Suiza.
Y antes de que termine el año, el CESID desmantela en Madrid una conspiración de café. Un conocido ultraderechista, Sáenz de Ynestrillas, y algunos militares ultiman en la cafetería Galaxia un intento de golpe de mano para tomar la Moncloa e imponer un gobierno de concentración que frene el desarrollo democrático. Entre los conspiradores de la 'Operación Galaxia', un mando de la Guardia Civil cuyo nombre dará mucho que hablar: Antonio Tejero Molina.
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