Instituto Barahona de Soto
El Instituto Nacional de Segunda Enseñanza Barahona de Soto se creó en 1933 en la localidad de Lucena como Instituto Elemental de Lucena. En enero de 1936, una orden ministerial lo eleva a Instituto Nacional de Segunda Enseñanza. Desapareció en 1939.[1]
Historia
Hasta 1931, la mayor parte de los jóvenes lucentinos se matriculaban como alumnos libres y solo se desplazaban a Cabra o Córdoba para los exámenes finales. Mientras, durante todo el curso se preparaban en las aulas del Colegio María Santísima de Araceli, una institución privada regentada por los hermanos maristas desde 1906 que contaba con alumnado interno y externo. Tras la proclamación de la Segunda República, el Gobierno manifestó su intención de inaugurar nuevos institutos de enseñanza media en las ciudades con gran número de escolares. El alcalde socialista Vicente Manjón-Cabeza Fuerte abordó este asunto el 28 de agosto de 1931. La reunión resultó un éxito, pues representantes de más de treinta organismos políticos, sindicales, lúdicos, culturales, religiosos y profesionales acudieron a la cita. Los asistentes a la reunión recordaron que Lucena contaba una población escolar de más 6.000 niños en educación primaria, se situaba en el nudo de comunicación de otros pueblos importantes, contaba con más de 160 alumnos matriculados en enseñanza secundaria (130 en el colegio de los hermanos Maristas y el resto en las hermanas Carmelitas) y consideraban que el nuevo centro facilitaría el acceso a la educación a las familias humildes y al “elemento femenino”. Además, proponían ceder el palacio ducal de Medinaceli (situado al lado del castillo) para construir el edificio donde se asentaría el instituto.
El 23 de junio de 1933 y el 26 de agosto de 1933 se publicaron los decretos que ponían en marcha los nuevos centros de enseñanza media (institutos elementales, nacionales y colegios subvencionados) y fijaban las normas de colaboración entre el Ministerio y los ayuntamientos para su creación y sustento. El Consistorio de Lucena se afanó en cumplir los requisitos de la normativa oficial para alcanzar su objetivo. A principios de julio de 1933 aprobó ceder un local de la calle Mesoncillo (actual conservatorio de Música), en el que existían diez aulas de primaria, para sede del instituto. Además, a finales de mes, el alcalde Vicente Manjón-Cabeza Fuerte se desplazó a Madrid para realizar gestiones al respecto ante el ministro de Instrucción Pública y convocó con posterioridad una reunión con los padres de familia. En ella se acordó informar al director general de 2ª Enseñanza de que el Ayuntamiento ofrecería un edificio, material y mobiliario gratuitos para instalar el instituto, locales para un internado, y daría “cuantas facilidades estime el Ministerio para conseguir que se cree en esta ciudad ese centro de enseñanza”. El alcalde mandó copia del escrito al diputado socialista cordobés Francisco Azorín Izquierdo, por si estimaba oportuno que una comisión compuesta por los padres de familia y una representación del municipio se trasladara a Madrid para entrevistarse con el ministro, el republicano radical socialista Francisco Barnés Salinas, quien a su vez visitaría Lucena el día 28 de agosto para conocer las instalaciones donde se asentaría el nuevo centro educativo.
En el Decreto de 26 de agosto de 1933 del Ministerio de Instrucción Pública se barajaba ya la posibilidad de que se creara un colegio subvencionado en Lucena, no obstante un Decreto posterior de 14 de septiembre le otorgó un instituto elemental. Era una categoría superior que le permitiría impartir el ciclo completo de bachillerato, seis cursos, frente a los solo cuatro primeros cursos que se autorizaban en los colegios subvencionados. Para conseguir que la concesión del instituto fuera efectiva, el municipio debería aportar al Estado 25.000 pesetas. Como el Ayuntamiento carecía de fondos, el alcalde socialista Vicente Manjón-Cabeza Fuerte citó a una asamblea a los padres de familia. Allí se decidió formar cuatro comisiones de padres y maestros encargadas de recaudar fondos para la causa. Sus integrantes pertenecían en buen número a clases acomodadas y a miembros de la derecha política y del Partido Republicano Radical, y su trabajo resultó tan fructífero que a finales de mes ya se había realizado en la Delegación de Hacienda el ingreso preceptivo de 6.250 pesetas, el importe del primer trimestre del curso, que podía pagarse a plazos. Se creó también una comisión (integrada por representantes del PSOE, el Partido Republicano Radical y la derechista CEDA, entre otros) para estudiar la constitución de un patronato pro instituto y redactar sus estatutos, y en el Ayuntamiento comenzó la inscripción de matrículas que se prolongaría hasta el 10 de octubre de 1933.
Al igual que Lucena, otras muchas localidades españolas lograron por aquellas fechas contar con nuevos centros de enseñanza media. Lucena, Priego de Córdoba, La Rambla y Peñarroya-Pueblonuevo serían los cuatro municipios afortunados en la provincia de Córdoba.
Inauguración
La inauguración oficial del curso en el instituto de Lucena, presidida por el gobernador civil, constituyó un gran acontecimiento social. Se realizó en la sede de la asociación Amigos del Arte (posiblemente en la calle Alcaide) el 16 de noviembre de 1933. Asistieron el director y el profesorado, el alcalde, las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, el decano del colegio de abogados, notarios, el registrador de la propiedad y el director del vecino instituto de Cabra. La celebración terminó con un aperitivo y un baile. Durante el primer año de existencia el instituto se alcanzaron cerca de 200 matrículas, de las que un 10% correspondían a mujeres. La mayoría de este alumnado procedía del Centro Cultural Lucentina, la denominación que tomó el colegio-internado de los hermanos maristas para acatar las Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de junio de 1933. Esta Ley impedía a las órdenes religiosas ser titulares de centros educativos a partir del 1 de octubre, así que estos centros se secularizaron. El Cultural Lucentina matriculó a sus alumnos de secundaria en el nuevo instituto como oficiales, y cada día, vigilados por tres o cuatro hermanos maristas, acudían a sus clases. Las relaciones de profesorado y alumnado de ambos centros lucentinos, el religioso y el estatal, resultaron armoniosas.
En 2 de agosto de 1934 una comisión de lucentinos se trasladó a Madrid para conseguir del ministro de Instrucción Pública, Filiberto Villalobos, que el instituto pasase de elemental a nacional, lo que le permitiría elevar su categoría, contar con nuevos profesores ayudantes y matricular a alumnos libres. La delegación, del más alto y variopinto nivel político, la componían el alcalde Vicente Manjón-Cabeza Fuerte, Pedro Montilla Domingo y el dirigente de la derecha política Juan Luna Pérez (presidente y secretario respectivos de la Asociación Pro Instituto, legalizada el 9 de abril de 1934), el maestro nacional Pedro Álvarez Lozano, Juan Cuenca Burgos (lucentino y secretario particular en Madrid del ministro de la Gobernación), los diputados cordobeses Eloy Vaquero Cantillo y Francisco de Paula Salinas Diéguez (ambos masones y miembros del Partido Republicano Radical), y Miguel Cabrera Castro, diputado cordobés de la derechista CEDA.
El ministro les habló de la necesidad de ampliar el número de clases, dependencias y de laboratorios, algo que se ejecutó durante el mandato del nuevo alcalde de Lucena desde finales de octubre de 1934, Bernardo Fernández Moreno, del Partido Republicano Radical, que nombró una comisión de tres concejales para que ayudara a la Asociación Pro Instituto a conseguir el cambio de categoría del centro. También el Pleno municipal acordó en abril de 1935 adherirse a la propuesta del claustro de profesores y de la Asociación Pro Instituto para que se denominara Barahona de Soto, en honor del afamado escritor lucentino del siglo XVI, lo que fue aprobado por el Ministerio al mes siguiente.
Tras una inspección favorable, el instituto Barahona de Soto se convirtió en nacional por una Orden ministerial de 30 de diciembre de 1935. Jugó un papel importante en favorecer esta concesión Joaquín de Pablo-Blanco Torres, diputado del Partido Republicano Radical por Córdoba y ministro de la Gobernación entre septiembre y diciembre de 1935. Para celebrar la noticia la banda municipal de música recorrió las calles de Lucena el 7 de enero de 1936, al día siguiente de la publicación de la orden en la Gaceta. Ejercía entonces como director del centro José Arjona López, profesor de Geografía e Historia, y de secretario el lucentino Bibiano Palma Garzón, profesor de Matemáticas.
Guerra Civil
Cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la consiguiente guerra civil existían en la provincia de Córdoba los institutos de Córdoba, Cabra, Peñarroya, La Rambla, Priego y Lucena, unas localidades que quedaron desde el primer día (salvo Peñarroya, que cayó en octubre) en manos de los militares sublevados. En la España controlada por ellos se inició en el ámbito educativo la supresión del laicismo, la eliminación de la coeducación de alumnos y alumnas, la censura de los libros de texto, el cierre de numerosos centros de enseñanza creados por la República y la depuración del profesorado (en la provincia de Córdoba se sancionó el 31% del profesorado de enseñanza media y al menos al 19% de los maestros). El gran artífice inicial de esta política represiva fue el poeta monárquico de extrema derecha José Mª Pemán, presidente desde octubre de 1936 de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, el organismo que ejercía las funciones de gobierno en la zona franquista. La depuración del profesorado de enseñanza media de Lucena, que afectó a cuatro docentes (el 28,5 % de la plantilla), ya lo tratamos en una antigua entrada del blog, así que ahora nos centraremos en el cierre del instituto.
Debido a que Lucena estaba muy alejada de las líneas del frente de guerra, el instituto siguió funcionando con relativa normalidad durante el curso 1936-1937, aunque las clases se desdoblaron: por la mañana se dedicaron solo a los alumnos y las de las tardes a las alumnas (para cumplir con la nueva normativa oficial que prohibía la asistencia conjunta a las clases de los dos sexos). Todo cambió a punto de comenzar el siguiente curso escolar, pues el de Lucena fue uno de los 34 centros de enseñanza media cerrados por una Orden ministerial de 14 de septiembre de 1937. La Orden afectó también a los de Priego y La Rambla, y a otros muchos institutos con posterioridad. Se justificó, entre otros motivos, en que eran prioritarias las necesidades económicas de la guerra y en que a causa de ella se había reducido el número de alumnos. Sin embargo, la clausura no era definitiva, sino “provisional y transitoria” y la Orden remitía a “lo que haya que resolverse respecto a este particular el día que se aborde la reorganización de la enseñanza”.
La decisión de las autoridades educativas franquistas cae como un jarro de agua fría en Lucena. Solo tres días después de la Orden de cierre, el 17 de septiembre de 1937, una comisión de padres de alumnos formada por José Antrás Duclós, Juan Luna Pérez, José García Pérez y Joaquín Ruiz de Castroviejo Aguilar se dirige al Ayuntamiento. Ante el alcalde, Antonio García Doblas, capitán retirado de la Guardia Civil, culpan a la Corporación de la clausura del centro “al no haber tomado medidas preventivas” para evitarla. Para revertir la Orden, proponen que una comisión integrada por un miembro del Ayuntamiento y otras “fuerzas vivas” realice un viaje a Burgos, donde tenía la sede el Gobierno franquista (Madrid aún se encontraba en manos de la República), para gestionar anta la Comisión de Cultura y Enseñanza la anulación del acuerdo, y que ese viaje lo pague el Ayuntamiento.
El Pleno municipal rechazó la solicitud de la comisión de padres alegando falta de presupuesto y que la gestión sería ineficaz. Se basaba en que aunque la supresión “es perjudicial para esta población”, se había tomado por la superioridad atendiendo “al interés general, que está sobre el interés particular, considerando además esta comisión gestora que los actuales tiempos no son como los que afortunadamente pasaron, que los actuales son de verdadera enjundia y recta administración que no cambia las decisiones que adopta con la mera visita de un personaje o personajes que en Comisión le pretendan modificar o anular los acuerdos que adopta”. Esta última afirmación de los gestores municipales veremos más adelante que tenía poco que ver con la realidad, pues serán precisamente las gestiones de “pasillo” y de “tapadillo”, de personas e instituciones relevantes, las que van a condicionar la corta existencia que aún le quedaba al instituto.
El periódico católico local Ideales, muy influyente en aquel tiempo, también se hizo eco de la supresión del instituto Barahona de Soto de Lucena y abogaba de manera contundente por su reapertura en la primera página de su edición del 20 de septiembre de 1937. Entre los múltiples argumentos que esgrimía, resaltaba que en “nuestro instituto ha dominado desde el primer día de su creación el espíritu católico y español”, que “la mayor y más selecta parte de sus catedráticos han sido de firmes convicciones cristianas y patriotas”, las buenas relaciones que había mantenido con el colegio religioso de los hermanos maristas, el “sentir derechista” de la mayoría del claustro y “la incorporación total y absoluta de Lucena al Glorioso Movimiento el mismo día 18 de julio” de 1936.
Como último recurso para lograr la reapertura del Barahona de Soto, el presidente de la Asociación Pro Instituto, José Antrás Duclós, se dirigió por carta a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado. El escrito de respuesta, publicado por el periódico local Ideales, llegó el 18 de octubre de 1937 de la mano del abogado Jorge Villén Écija. Este era oriundo de la vecina localidad de Rute y ejercía de secretario particular de José Mª Pemán, el presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza. Al igual que hacía la Orden del 14 de septiembre, Jorge Villén justificó el cierre del centro por la economía de guerra. Sin embargo, recalcó que no era definitivo, por lo que “en un futuro, cuando se haga la reorganización total de la enseñanza y se creen Institutos verdad [sic] con su profesorado idóneo y sus materiales a propósito (bien distintos de esas parodias que se hacían), será la ocasión de trabajar para que Lucena –la de los dulces velones– tenga todo lo que se merece por su patriotismo y lealtad”.
La misiva del secretario particular de José Mª Pemán falseaba la realidad en la que había funcionado el instituto, pues de acuerdo con las investigaciones de Juan Palma Robles publicadas en 2006 en su libro Lucena Marista, el primer claustro de profesores, cuyo nombramiento apareció en la Gaceta de Madrid (1 de noviembre y 1 de diciembre de 1933), había reunido a un grupo de profesionales cualificados, la mayoría con una o dos licenciaturas universitarias. También la carta mentía en cuanto a los “materiales” con los que contaba el centro, pues disponía de capacidad para 600 alumnos, despachos, salón de actos para conferencias y proyecciones, salas de estudio, aulas específicas (Dibujo, Filosofía, Geografía, Matemáticas, Francés, Literatura y Latín), laboratorio de Física y Química, museo de Historia Natural y una biblioteca de dos mil volúmenes en la que destacaba la colección de clásicos latinos (en un momento en el que Lucena no disfrutaba de biblioteca pública).
El 19 de octubre de 1937, al día siguiente de recibirse en Lucena la carta del secretario de José Mª Pemán confirmando el cierre del instituto, distintas personas, asociaciones y colectivos se reunieron y decidieron presentar una instancia en el Ayuntamiento. En ella solicitaban que en el presupuesto del próximo año se consignara “la cantidad de cuarenta mil pesetas u otra que a ella se aproxime como subvención al Instituto Barahona de Soto de esta ciudad”, ya que “la suspensión de seguro cesará el curso venidero —tenemos poderosas razones para esperarlo así— y es precisamente entonces, al reanudar su labor, cuando el Instituto más necesitará la cooperación y auxilio del Excelentísimo Ayuntamiento”. La petición iba encabezada por la firma del jefe local de la Falange, Miguel Álvarez de Sotomayor y Nieto-Tamarit, y más de sesenta personas y entidades, entre ellas varios sacerdotes y comunidades religiosas lucentinas, incluidos los hermanos maristas, según se puede leer en este enlace. El Ayuntamiento desestimó la petición el 19 de noviembre, basándose en que tendría que crear nuevos impuestos municipales para conseguir las 40.000 pesetas, pero añadía que en caso de reapertura del centro habilitaría una cantidad de dinero para su mantenimiento.
Al ser clausurado, solo quedó al frente del instituto el director, encargado de realizar el inventario de los materiales, el oficial de secretaría Juan Algar Danel y el portero Pedro Grádit Aranda. Durante aquellos meses, las instalaciones sirvieron para alojar a fuerzas militares de Artillería movilizadas para la guerra civil, lo que obligó al Ayuntamiento a aprobar gastos para reparaciones en pavimentos, retretes y puertas en marzo de 1938.
Clausura
Tras un año cerrado, y ante la próxima llegada del nuevo curso escolar, Joaquín Ruiz de Castroviejo Aguilar, vocal de la Comisión Gestora del Ayuntamiento y miembro de la Asociación Pro Instituto, presentó el 25 de agosto de 1938 una moción. En ella lamentaba que la clausura del Barahona de Soto había originado que “suspendiesen sus estudios muchos jóvenes de las clases más modestas de esta población juntamente con otros perjuicios”. En consecuencia, pedía que se habilitara una cantidad suficiente de dinero para su futuro funcionamiento, lo que fue aprobado por el resto de los gestores municipales. Pocos días después, el 13 de septiembre, el jefe nacional del Servicio de Enseñanza Superior y Media, “ante la imposibilidad de acordar por el momento la situación definitiva del instituto de Lucena” propuso a la alcaldía que el Ayuntamiento, en colaboración con los padres de familia y otras entidades, organizara un colegio privado de manera provisional en las propias instalaciones del centro educativo.
Cuando se recibió este oficio en el que se proponía que el instituto de Lucena se reabriera como un colegio privado, hacía solo un par de semanas que por nombramiento de las autoridades militares había asumido la alcaldía Luciano Borrego Cabezas. Era un “camisa vieja” (militante falangista desde antes de la guerra civil) que había sido jefe provincial de la Falange en Málaga y estaba bien relacionado con las altas esferas del partido y del Gobierno. Contactó con un falangista significado, que a su vez lo hizo con Narciso Perales Herrero, delegado especial para toda España del secretario general de la Falange, Raimundo Fernández Cuesta, y ambos le abrieron el camino para posteriores gestiones en el Ministerio de Educación Nacional, que tenía la sede en Vitoria por causa de la guerra. Allí se desplazó, acompañado por Manuel González Aguilar, juez de primera instancia accidental y profesor ayudante interino de Derecho en el instituto en el curso anterior. El viaje lo hicieron en un coche que se les averió a la altura de Mérida, por lo que hubieron de continuar el recorrido en taxi, bordeando la zona central de España que se encontraba aún en manos de la República.
Ya en Vitoria, el alcalde y el juez lucentinos contaron con la ayuda de una serie de altos cargos del Ministerio de Educación Nacional, como José Pemartín Sanjuán (jefe nacional del Servicio de Enseñanza Superior y Media), el catedrático Carlos Sánchez del Río Peguero y otros. Con su apoyo, consiguieron que el instituto de Lucena se reabriera a pesar de que había otras treinta solicitudes similares de otras ciudades que se denegaron. El viaje costó 3.579,50 pesetas, una cifra abultada para la época. La exitosa gestión fue recibida con una enorme satisfacción por los gestores municipales, según consta en el libro de actas de pleno municipal del 6 de octubre de 1938. Tres semanas después, el 27 de octubre, la jefatura del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media nombraría a los nuevos docentes del instituto, nueve profesores y dos profesoras, cuyos sueldos serían pagados por el Ayuntamiento, sin ningún coste para el Ministerio de Educación.
La reapertura del instituto contó con dos obstáculos inesperados. Por un lado, la falta de apoyo del colegio de los hermanos Maristas. Este centro religioso había funcionado como siempre, durante el año de cierre del instituto, con alumnado externo e interno que luego se examinó por libre en el instituto de Córdoba. El Ayuntamiento de Lucena, que era quien financiaba en su totalidad el Barahona de Soto, estaba convencido de que todo este alumnado del colegio marista volvería a matricularse en él como había ocurrido en los últimos años. Para conseguirlo, el alcalde Luciano Borrego, acompañado por su asesor en este asunto, el abogado Vicente Manjón-Cabeza —antiguo alcalde socialista, ahora reconvertido en falangista—, llegó incluso a visitar al director del colegio marista, el hermano Gerásimo (José Rodríguez Gómez), pero este se negó a matricular a su alumnado como oficial en el instituto. La respuesta no gustó a los munícipes, y Vicente Manjón-Cabeza amenazó con obligar a los estudiantes del colegio marista a hacerlo, pues la mayoría eran militantes del SEU —el sindicato estudiantil falangista— y por tanto en teoría debían obediencia a lo que dictaran sus mandos políticos. Eso no amedrentó al director, que siguió firme en su postura. La nueva normativa oficial ya amparaba a los centros de enseñanza religiosos privados, el director era consciente de ello y el colegio marista consiguió el reconocimiento oficial en enero de 1939, con prerrogativas iguales a las de cualquier instituto del Estado, lo que le permitió examinar al alumnado en sus propias instalaciones sin tenerlo que hacer, como hasta ahora, en otros centros educativos. Si el Barahona de Soto no se reabría, el colegio marista podría tener el monopolio de la enseñanza secundaria en Lucena —como en realidad lo mantuvo hasta que cerró sus puertas en 1964— sin la competencia de un centro público en el mismo municipio.
Una Orden de 5 de agosto de 1939 decretaba de nuevo su cierre “provisionalmente”. La reapertura había durado solo un curso escolar. El asunto se trató el 21 de agosto en un pleno municipal. El Ayuntamiento se justificaba en que Lucena era la localidad más grande de la provincia, con más de 30.000 habitantes, estaba rodeada de otros pueblos importantes y ya contaba con dos colegios internados para chicas regidos por religiosas (las Carmelitas de la Caridad y las Hijas del Patrocinio de María). Con la finalidad de defender la solicitud ante el Ministerio de Educación, el Pleno municipal libró una partida de 4.000 pesetas que servirían para trasladar a Madrid una comisión integrada por el alcalde Luciano Borrego, un representante de la Asociación Pro Instituto y al abogado Vicente Manjón-Cabeza. Para reforzar su petición, el Pleno aprobó también el 2 de septiembre de 1939 que el Ayuntamiento asumiría todos los gastos que originase el funcionamiento del instituto, de esta manera la Administración educativa evitaría cualquier gasto si se reabriese en un futuro .
Todas las gestiones cayeron en saco roto. La nueva Ley de Bases para la Reforma de la Enseñanza Media de 20 de septiembre de 1938, que entre otras medidas depuró el sistema educativo republicano y cerró sus institutos, consideraba que estos centros habían tenido como principal objetivo sustituir “la enseñanza dada por las órdenes religiosas”, a las que ahora se daba un trato privilegiado. La nueva Ley franquista de enseñanza media apostó por un modelo de enseñanza ideologizada, patriótica y nacionalcatólica, que significó el retraimiento de la escuela pública en beneficio de la escuela privada (mayoritariamente en manos de la Iglesia), en la que había que pagar para poder estudiar. Los datos oficiales así lo atestiguan de manera clara en el conjunto de la nación española. Si en el curso 1933-1934 el alumnado de bachillerato que asistía a centros privados era el 8,3 % del total, en 1940 había crecido hasta el 61,5 %. La cifra a favor de la enseñanza privada y religiosa continuaría elevándose sin cesar en la década siguiente. Entre 1940 y 1949 los institutos públicos descendieron de 53.702 a 36.206 alumnos, mientras los privados aumentaron de 104.005 a 132.697 estudiantes matriculados. En lo que se refiere a Lucena, tras el cierre del instituto Barahona de Soto en 1939, hubo que esperar hasta el curso 1973-1974 para que se pudieran impartir de nuevo en un centro público, el instituto Marqués de Comares, los estudios de bachillerato.
Bibliografía
- Juan Palma Robles, “El Instituto Nacional de Segunda Enseñanza Barahona de Soto”, en Crónica de Córdoba y sus pueblos XVI, Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, Córdoba, 2009.
Referencias
Principales editores del artículo
- Eluque (Discusión |contribuciones) [10]
- Gencor (Discusión |contribuciones) [2]
