Sucesos de Córdoba del 1 de mayo de 1932

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Se conoce como Sucesos del 1 de mayo de 1932 los altercados ocurridos en Córdoba con motivo de la celebración del Día del Trabajo. A consecuencia de los mismos murieron dos personas y hubo numerosos heridos.

Sucesos

El 1 de mayo de 1932, Día del Trabajador se vivió una jornada de huelga absoluta que reflejaba la profunda tensión social y política de la época. La población mostraba un aspecto triste y sombrío, anticipando los conflictos que se avecinaban.

A las once de la mañana, un grupo de entre doscientos y trescientos comunistas se reunió y marchó hacia el centro de la ciudad. Al llegar a la plaza de Regina, uno de los manifestantes se subió a una ventana y arengó a sus compañeros desde allí. Una mujer alzó una bandera roja y el grupo continuó su marcha entonando "La Internacional". La situación se tensó aún más cuando al pasar por la plaza de San Pedro varios disparos fueron dirigidos hacia la iglesia.

La manifestación avanzó hacia la Corredera y luego hacia la estrecha calle Espartería. En ese punto, un suboficial de la Guardia Civil y una pareja de agentes invitaron a los manifestantes a dispersarse. La tensión aumentó cuando uno de los manifestantes tomó la bandera comunista y desafió a los guardias a dispararle. El suboficial intentó arrebatarle la bandera, pero fue atacado por dos individuos. Los manifestantes realizaron varios disparos contra los guardias, quienes respondieron disparando al aire.

El enfrentamiento se intensificó, y se intercambiaron más de trescientos disparos. Parte de los manifestantes intentó rodear a los guardias a través de la calle Fernando Colón, pero fueron liberados por refuerzos policiales. Ante la llegada de estos refuerzos, los comunistas huyeron, dejando ocho heridos que fueron llevados a la Casa de Socorro y posteriormente al Hospital de los Agudos. Uno de ellos, un conocido comunista llamado Julián Hernández, falleció poco después debido a sus heridas. Hernández era conocido por sus ideas extremistas y su participación activa en anteriores huelgas.

Durante la mañana, otros grupos de comunistas realizaron disparos al aire en distintos puntos de la ciudad, generando pánico y alarma entre la población. En la calle de la Feria, realizaron disparos frente a la iglesia de San Francisco, causando gran pánico entre los fieles que asistían a misa. También dispararon contra la iglesia de San Miguel mientras los niños asistían a la Doctrina, obligándolos a evacuar el templo por la sacristía.

La policía identificó un automóvil verde, con matrícula de Sevilla, ocupado por varios individuos que realizaron disparos en el barrio de San Pedro. Se inició una búsqueda intensiva del vehículo.

La violencia y los disparos hicieron que las calles céntricas quedaran desiertas. Los pocos transeúntes que circulaban eran obligados a levantar las manos en señal de rendición. Se especulaba que, como protesta por los sucesos, se convocaría una huelga general al día siguiente.

El juzgado de guardia se desplazó a la Casa de Socorro y al Hospital para tomar declaración a los detenidos. Todos los manifestantes heridos fueron encontrados en lugares distantes del sitio de los incidentes, lo que indicaba que intentaron huir. Se confirmó que los rebeldes tenían un plan para emboscar a los guardias civiles y dispararles por la espalda.

A lo largo de la tarde, numerosos ciudadanos se congregaron en la calle Espartería y zonas adyacentes para observar los impactos de bala. Se comprobó que los manifestantes habían inutilizado el fusil de uno de los guardias al intentar golpearlo en la cabeza con un palo.

Hasta las siete de la tarde, se habían practicado veinte detenciones, incluyendo la de la mujer que llevaba la bandera comunista. A varios de los detenidos se les confiscaron armas.

La segunda víctima mortal fue el joven Rafael León Hueso, que falleció al día siguiente de los hechos.

Tribunales

Entre el 11 y 1l 14 de diciembre de 1933 se vio en la Sala primera de la Audiencia Provincial de Córdoba la causa seguida contra Rafael Morales Muñoz y 39 personas más por el delito de sedición. El fiscal pedía para cada uno de los encausados la pena de dos meses de arresto mayor y para una mujer que portaba la bandera una multa de 125 pesetas. Las defensas de los procesados estaban a cargo de los abogados José Fernández Jiménez, Veslasco y Espina, y los procuradores Guerrero, Lama y Castiñeira.

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