Inquisición

De Cordobapedia
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El Santo Oficio debe gran parte de su leyenda negra a individuos como el siniestro Diego Rodríguez de Lucero, inquisidor de la diócesis de Córdoba en la primera década del siglo XVI. Lucero condenó a la hoguera a más de doscientas personas en el breve lapso de cuatro años. Le cupo en suerte, de hecho, el dudoso honor de presidir, el día 22 de diciembre de 1504, el más sanguinario de los autos de fe celebrados en España, que acabó, en pocas horas, con la vida de más de un centenar de individuos. La intransigencia de Lucero acabó por suscitar la animadversión de los ciudadanos de Córdoba, que, con la venia del marqués de Priego, asaltaron la prisión del Santo Oficio. A Lucero no le quedó otra que ponerse en cobro y, a la postre, expiar en prisión parte de sus crímenes. Los cordobeses, con todo, continuaron, largo tiempo, respirando por la herida, y, cerca de 1571, Pedro Gutiérrez, nieto de Pedro López Racimo, hebreo depurado por el Santo Oficio, hubo de comparecer ante los magistrados de la Inquisición de Córdoba, acusado de haber dicho que, en tiempos de Diego Rodríguez de Lucero, muchos paisanos habían muerto sin culpa.

Lo cierto, sin embargo, es que la Inquisición de Córdoba fue, a lo largo del siglo XVI, una institución de escaso relieve y que, de hecho, el número de condenados a la hoguera después del (efímero bien que) trágico mandato de Diego Rodríguez de Lucero no pasó, a todas luces, de las dos decenas. El auto de fe, en efecto, se convirtió, poco a poco, en una especie de confesión pública, y la mayoría de los procesos inquisitoriales se saldaba, por lo visto, con la prescripción de un par de oraciones y alguna que otra misa. El empleo del tormento, contra lo que se suele pensar, era inusual en el Santo Oficio de Córdoba. No era extraño, por lo demás, que los acusados fuesen puestos en libertad por defecto de probanza. Así ocurrió, a modo de ilustración, con Alonso de Castro, soldado lucentino, que, sospechoso de haber alabado a los luteranos, fue, empero, absuelto y liberado el día 24 de octubre de 1563. Los magistrados del Santo de Oficio de Córdoba eran comprensivos y benévolos y tenían en cuenta, según se desprende de la literalidad de sus dictámenes (cf. solo: «como hombre rústico que era», «por ser menor de edad y haberlo dicho debido a su ignorancia», «era muy viejo y pareció algo falto de juicio», «se probó [que] estaba borracho cuando lo dijo», «por […] estar mal adoctrinada», «lo había dicho con buena intención», «lo dijo con iracundia», «parece que lo dijo a manera de burla», «era cristiano viejo y fijodalgo», «era pobre y ciega», «era hombre de baja suerte e hijo de una esclava de casta de los moros», «estaba muy enfermo de bubas y de otras enfermedades»), multitud de circunstancias atenuantes. Constituía, por otra parte, grave delito que un empleado del Santo Oficio hiciese mal uso de sus atribuciones; Pedro Ruiz Bajo, vecino de Villanueva del Rey y familiar de la Inquisición, sin ir más lejos, se sirvió de los privilegios de su condición para obtener favores sexuales de varias muchachas; fue inhabilitado, cerca de 1584, pagó una cuantiosa multa y hubo de cumplir un año de destierro.

Los religiosos no eran inmunes a las investigaciones del Santo Oficio. Uno de los procesos inquisitoriales más sonados del Quinientos fue, de hecho, el instruido contra Magdalena de la Cruz, abadesa del convento de Santa Isabel de Córdoba; Magdalena, natural de Aguilar y mujer de religión con renombre de santidad, se hizo célebre, a lo largo y ancho de España, después de haber, por lo visto, pronosticado la victoria de Pavía (1525) y la prisión de Francisco I, el muy fullero rey de Francia. Isabel de Portugal, esposa de Carlos I de España, vistió, según parece, a su primogénito, un recién nacido Felipe II, con el hábito de la abadesa. Magdalena de la Cruz, en cualquier caso, compareció, a solas, en solemne auto de fe celebrado el día 3 de mayo de 1546 y confesó haber simulado un sinnúmero de arrobamientos y milagros. Los inquisidores de Córdoba, con todo, usaron de su acostumbrada clemencia: la rescataron, en efecto, de la hoguera y optaron, en fin, por recluir, de por vida, a la pobre religiosa en un convento de Andújar. Hubo, por lo demás, a lo largo del siglo XVI, varios casos de confesores que, acusados de solicitar favores sexuales de sus feligresas, hubieron de comparecer en auto de fe. Así le ocurrió, a modo de ilustración, a fray Diego de Málaga, vecino de Córdoba y libidinoso miembro de la orden de San Francisco de Paula, que, cerca de 1570, estuvo a pique de acabar sus días hecho galeote, y a Alonso de Alba, vecino de Priego y convicto del mismo delito, que, allá por el año 1571, fue recluido en un monasterio e inhabilitado por orden de los magistrados del Santo Oficio.

La mayoría de los condenados acudía, por voluntad propia y sin denuncia previa, a las autoridades del Santo Oficio y confesaba su delito. Se trataba, en líneas generales, de cristianos rancios que, en un instante de obnubilación o iracundia, habían proferido alguna que otra blasfemia; sucedía, por lo común, que, contritos, se presentaban ipso facto ante los magistrados de la Inquisición y reconocían su, por otra parte nimio, delito. El fenómeno de las denuncias falsas estaba, a lo que parece, mucho menos extendido de lo que se suele creer. Existían sin duda, y estaban castigadas, por cierto, con penas muy rigurosas. Sirva de ilustración el caso de Francisco Guerra, lucentino, que denunció a ciertos presuntos luteranos y recibió, a cambio, trescientos azotes, una multa exorbitante y once años de destierro; o de Juan Guillén, pastelero, que, con la colaboración necesaria de Gonzalo Rosado, servidor del calumniado, acusó a su suegro de seguir la secta de Lucero y hubo de sufrir, a modo de recompensa, cuatrocientos azotes y seis años en galeras; o de Juana Pérez, que testificó con malicia en contra de su propio marido y recibió, el día 19 de marzo de 1564, medio centenar de azotes en castigo de su culpa.

El pueblo llano ignoraba por completo las sutilezas de la doctrina cristiana y, de hecho, cabe atribuir gran parte de las amonestaciones de los magistrados del Santo Oficio de Córdoba a rustiqueza y superstición. Pedro Jurado, carpintero y vecino de Córdoba, compareció, allá por el año 1571, en auto de fe; había sostenido que la promiscuidad no era pecado, y que el hombre que no mantenía relaciones sexuales con varias mozas, literalmente y de acuerdo con la transcripción de Rafael Gracia Boix, «no era hombre, sino mariconazo»; fue condenado, sin más, a reconocer lo errado de su opinión. Andrés Hernández, vecino de Baeza, hoy pueblo en la provincia de Jaén, depuso, a principios de la década de 1590, ante los magistrados del Santo Oficio; había dicho, en público, que la simple fornicación no era, en absoluto, pecaminosa, y que, en fin, «más valía ir a las mujeres que a las borricas»; el reo se comprometió a escuchar una misa y el caso quedó, de inmediato, cerrado.

Hubo, por lo demás, algún que otro penitenciado en Córdoba, a lo largo del Quinientos, por haber falsificado una prueba de limpieza de sangre. Fue el caso, sin ir más lejos, de Francisco y Pedro Gutiérrez, hermanos, nietos del hebreo Pedro López Racimo, ambos escribanos, vecino el primero de Baena y el segundo de Córdoba; uno y otro se acogieron a cierta amnistía y la causa, en consecuencia, quedó sobreseída cerca de 1571. Fue, asimismo, el caso de Juan de Baena, vecino -y aun- jurado de Córdoba, que ocultó su origen hebreo con miras a ingresar en la corporación pública; fue condenado, una vez descubierto, a arrostrar una sustanciosa sanción económica y hubo, en fin, de cumplir un año de destierro. Juan de Baena arrastró consigo a nueve amigos que, por hacerle un favor, habían testificado que el buen hombre era cristiano rancio, a sabiendas de que no era cierto.

Era atribución de los magistrados del Santo Oficio depurar a las minorías religiosas de la diócesis, en general, y, en particular, a hebreos y mahometanos. Huelga decir que, en los tiempos de Diego Rodríguez de Lucero, los inquisidores se entregaron, en cuerpo y alma, a la no fácil tarea de desenmascarar a quienes, con nombre de cristianos, practicaban los ritos de la religión hebrea. No eran pocos, por lo visto, y sucede que, imbuidos de milenarismo, esperaban la inminente venida del Mesías y creían, en consecuencia, que el fin del mundo estaba muy próximo. Lo cierto, sin embargo, es que el número de hebreos penitenciados por el Santo Oficio de Córdoba después de la destitución de Diego Rodríguez de Lucero fue, a todas luces, exiguo; la comparecencia pública de una decena de cristianos nuevos, vecinos de Baeza, el día 18 de abril de 1574, fue, sin lugar a dudas, extraordinaria; ninguno de los conversos, por cierto, acabó en el brasero de la Inquisición; los sucesores de Lucero, en efecto, poco amigos de recurrir a la hoguera, dictaron contra la mayoría de los comparecientes penas de cadena perpetua y confiscación de bienes.

El número de moriscos acusados de profesar, en secreto, la fe de Mahoma se incrementó, y cómo, en el último tercio del Quinientos. Era previsible, y es que la sublevación de Abén Humeya y los mahometanos granadinos (1568-1571) excitó, según parece, el sentimiento religioso de los moriscos cordobeses. Algunos de ellos, de hecho, abandonaron la ciudad y se unieron a los levantiscos; el Santo Oficio de Córdoba devino, en consecuencia, una especie de tribunal de guerra. Castigó a muchos de los sublevados y, en años siguientes, a multitud de moriscos acusados de conspirar, en complicidad con los árabes norteafricanos, contra España. El hermanastro de Felipe II, don Juan de Austria (1545-1578), acabó por abortar el levantamiento; esclavizó, de paso, a muchos de los rebeldes, y esta circunstancia, como era, por otra parte, de esperar, exacerbó el odio de los islamitas hacia los cristianos e –irónicamente– los hebreos. (Llama la atención, sin ir más lejos, que Lucía López de Aylava, morisca y vecina de Córdoba, opinase, el 8 de diciembre de 1572, ante los magistrados del Santo Oficio, que «quien comía tocino era judío»). El caso de Diego Hernández, morisco y esclavo, vecino de Iznájar, es paradigmático. Compareció ante el Santo Oficio el día 16 de diciembre de 1571; confesó que practicaba, a escondidas y con el nombre de Hamete, la religión islámica y que observaba, con celo piadoso, el ayuno del ramadán. Alonso, muchacho morisco y vecino de Baena, compareció asimismo, el día 8 de diciembre de 1572, ante los magistrados del Santo Oficio; reconoció que su padre le había instruido en los misterios de la fe de Mahoma y que la practicaba, de extranjis, con el nombre de Hacén. La Inquisición de Córdoba, paternalista como de costumbre, resolvió internar a Alonso, por seis meses, en un monasterio para que aprendiese los secretos de la doctrina cristiana.

Caso excepcional, en lo que respecta a la depuración de las minorías religiosas, fue el de Gaspar de Santiago, indio mulato y pagano, que compareció en auto de fe celebrado el día 24 de noviembre de 1566 y confesó haber dicho que deseaba volver a América y que, en puridad, no creía en Dios, sino que adoraba a Sol y a Luna. Los procesos abiertos contra sospechosos de pertenecer a la secta luterana son, por supuesto, muy escasos y estuvieron, en líneas generales, protagonizados por individuos naturales de las regiones contaminadas, en especial, Alemania y Francia. Sirva de ilustración el caso de Juan Cansaro, ciudadano francés que murió, allá por el año 1563, en el brasero de la Inquisición; y el de Jaime Policía, gabacho asimismo que, allá por el año 1566, se libró, arrepentido in extremis, de la hoguera.

La Inquisición de Córdoba procesó, a lo largo del siglo XVI, a medio centenar de personas acusadas de practicar la poligamia. Los penitenciados eran, en su mayoría y contra lo que, en principio, cabría esperar, cristianos –y no musulmanes– que contraían segundas y sucesivas nupcias en vida de sus cónyuges originales. El caso de María Díaz, vecina de Carcabuey, es, a este respecto, paradigmático. Casó, a la edad de dieciséis años, con Juan Pérez Gadea, soldado; el esposo marchó a Italia y allí se estuvo largos años; la esposa lo dio por muerto y volvió a casarse; un buen día, sin embargo, Juan Pérez retornó a casa. Los magistrados del Santo Oficio de Córdoba, considerando que el segundo marido de María Díaz había muerto a la sazón, resolvieron usar de la clemencia: prescribieron, el día 28 de octubre de 1569, una misa a la pobre muchacha.

Los procesos contra las hechiceras no eran, en líneas generales, ordinarios. Es cierto, sin embargo, que el Santo Oficio de Córdoba hubo de instruir, en los últimos años del siglo XVI, un gran número de causas de este tipo. El caso de Antonia de Buenrostro, viuda y natural de Córdoba, fue, a lo que parece, el primero de una muy larga lista. Compareció ante los inquisidores del Santo Oficio cerca de 1571, acusada de haber invocado demonios, y fue, de inmediato, absuelta por defecto de probanza. Las hechiceras, en cualquier caso, fueron las protagonistas del auto de fe habido, el día 8 de diciembre de 1572, en la ciudad de Córdoba. Catalina Rodríguez, Leonor Rodríguez "La Camacha", Mari Sánchez "la Roma", y Mayor Díaz, todas ellas vecinas de la localidad de Montilla, comparecieron en compañía de Ana Ortiz, de Baeza, y Rodrigo de Narváez, de Jaén, convictos ambos, asimismo, de taumaturgia. Confesaron haber hecho pacto con el diablo; trazado círculos en el suelo con el objeto de invocar demonios; y celebrado nocturninas ceremonias rituales en el cementerio de la localidad. La Camacha era, a lo que parece, quien acaudillaba el movimiento; Miguel de Cervantes escribió, por cierto, una muy conocida enumeración de sus presuntas habilidades: «Ella congelaba las nubes cuando quería, cubriendo con ellas la faz del sol, y cuando se le antojaba, volvía sereno el más turbado cielo; traía los hombres en un instante de lejas tierras; remediaba maravillosamente las doncellas que habían tenido algún descuido en guardar su entereza; cubría a las viudas que con honestidad fuesen deshonestas; descasaba las casadas, y casaba las que ella quería. Por diciembre tenía rosas frescas en su jardín y por enero segaba trigo. Esto de hacer nacer berros en una artesa era lo menos que ella hacía, ni el hacer ver en un espejo, o en la uña de una criatura, los vivos o los muertos que le pedían que mostrase. Tuvo fama que convertía a los hombres en animales, y que se había servido de un sacristán seis años, en forma de asno». Leonor Rodríguez recibió, en consecuencia, una pena más grave que la de sus amigas y compatriotas. Es de notar, por cierto, que ninguna de las sagas, a pesar de los gravísimos delitos que reconocieron haber cometido, acabó en la hoguera; la Camacha, sin ir más lejos, recibió cien azotes en Córdoba, cien en Montilla, pagó una multa de ciento cincuenta ducados, prestó dos años de servicio público en un hospital de Córdoba y hubo, en fin, de vivir diez en el destierro. Las penas, en cambio, del resto de las acusadas fueron bastante más leves; Mayor Díaz, de hecho, no recibió ni un solo azote: su pena consistió, sin más, en la vergüenza pública.

Interferir en la actividad del Santo Oficio, por supuesto, constituía delito. Los testigos que deponían ante los magistrados de la Inquisición debían abstenerse, so pena de excomunión, de hacer público el contenido de sus declaraciones. No siempre, sin embargo, lo hacían. Leonor Rodríguez "La Camacha" compareció, cerca de 1571, en solemne auto de fe, acusada de divulgar detalles de su deposición ante el tribunal del Santo Oficio; no se pudo, con todo, demostrar su culpabilidad y Leonor Rodríguez quedó, en consecuencia, libre. Hacerse pasar por miembro del Santo Oficio era, por supuesto, punible, y consta que, en el transcurso del siglo XVI, algún que otro cordobés hubo de purgar este delito. Intimidar a un testigo del Santo Oficio estaba, en fin y como era, por otra parte, de esperar, penado. Bien lo debió aprender, por ejemplo, Juan Gutiérrez, vecino de Rute, que increpó y amenazó a varias personas que, a lo que parece, habían testificado, ante los magistrados de la Inquisición, en contra de su esposa; fue reprehendido en público el día 13 de mayo de 1587.

La Inquisición de Córdoba apenas instruyó, a lo largo del siglo XVI, un par de causas acerca de delitos, por así decir, intelectuales. Llama la atención, sin embargo, el caso de Antonio Morillo, natural de Bujalance y ciego, que escondía algún que otro libro reprobado por el tribunal del Santo Oficio. Los magistrados se limitaron a imponerle, el día 28 de octubre de 1569, una multa de doce ducados.

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